Culiacán, Sin.- El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la reforma al artículo 22 de la Constitución Política local en materia de Parlamento Abierto para impulsar la transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Con la aprobación de esta reforma se busca también transformar la relación entre representantes y representados, permitiendo el fortalecimiento de las prácticas parlamentarias del Congreso del Estado como instancia de participación abierta a toda la sociedad sinaloense.
En la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena se precisa que con la elevación a rango constitucional de las prácticas de Parlamento Abierto, el Congreso del Estado deberá implementar y fortalecer las acciones orientadas a habilitar espacios para escuchar a la ciudadanía respecto a las decisiones que deben ser tomadas en el Poder Legislativo.
En el dictamen la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación citó que son elementos que distinguen el Parlamento Abierto: Derecho a la Información, información presupuestal y administrativa, histórica del trabajo parlamentario, conflicto abierto, legislar a favor del gobierno abierto, entre otros puntos.
En la exposición de motivos el grupo parlamentario de Morena planteó el ejercicio del Parlamento Abierto constituye una nueva relación social e institucional, que den como resultado parlamentos receptivos y efectivos que trabajen a favor de la gente.
Lo anterior, fortalecerá las medidas que se han venido implementando en la materia y les dará rango constitucional.
De acuerdo con la iniciativa dictaminada, el Parlamento Abierto implica transparentar la información y la rendición de cuentas; crear mecanismos para una efectiva participación ciudadana y hacer uso de tecnologías que abonen para la construcción de esta nueva relación social e institucional, que den como resultado parlamentos receptivos y efectivos que trabajen a favor de la gente.
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La institución del Parlamento Abierto representa un amplio marco de referencia, que debería conducir a los Congresos a realizar cambios institucionales, estructurales, normativos, presupuestales y de prácticas para garantizar la transparencia, asegurar mecanismos que permitan la adecuada rendición de cuentas,
Además de que garantice la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo y que lleve a sus integrantes a conducirse bajo parámetros éticos y con probidad. Es, al final, un modelo que busca transformar la relación entre representantes y representados.
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