Desde hace un año, “Valeria” empezó el viacrucis para divorciarse y lograr que su expareja, con quien vivió durante 8 años, se haga cargo de la manutención de sus dos hijos. Pero dice que sabe que no lo hará por “arte de magia” por lo que tiene planeado denunciar ante el juez civil para iniciar el proceso de pago de pensión alimenticia.
“En las comparecencias por el divorcio él ha alegado que le da una pensión de 600 pesos quincenales a los niños, pero eso no es verdad”, comentó la joven que ahora se hace cargo de los dos pequeños.
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En una contrademanda, el juez dictaminó que su expareja debe pagar de pensión mil 500 pesos cada quincena, pero no lo hace.
Sencillamente Jorge no ha realizado los pagos ordenados en el juicio de divorcio durante todo un año que llevan separados. “Valeria” afirmó que le da de 100 a 200 pesos diarios de vez en cuando, y a veces nada.
“Ni dando la pensión en pagos completa lo que debería, sí se hace cargo de algunos gastos, pero así como una pensión para hacerme cargo de lo que necesiten los niños, no”, expresó la madre.
A medidas
El pasado 8 de mayo surgió el modelo del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a nivel nacional, el cual concentra la información de deudores alimentarios. En el caso de Sinaloa, la minuta fue aprobada por los integrantes de la 64 Legislatura el 11 de mayo.
De acuerdo con el Supremo Tribunal de Justicia, en el estado suman 806 denuncias por pensiones a menores en el primer cuatrimestre de 2023, y a su vez reveló que no cuenta con una base de datos con los nombres de las personas que deben pagos por pensiones.
El Sol de Sinaloa obtuvo el dato a través de una solicitud de acceso a la información pública.
En el caso de lo aprobado en el Congreso de la Unión, con la llamada medida “3 de 3”, ahora a nivel constitucional se estableció que las personas que estén registradas como deudores no podrán aspirar a cargos públicos de elección popular. De igual forma, se les restringe de los trámites para licencias de conducir y pasaportes.
La diputada local del PRI, Gloria Himelda Félix Niebla, explicó que para que una persona sea registrada como deudor alimentario debe de existir una demanda en su contra y que es el Supremo Tribunal de Justicia quien valorará el ingreso al padrón.
“Valeria” comentó que está en proceso de levantar la querella, pues consideró que esta medida sí pudiera obligar a su exesposo a cumplir con sus obligaciones.
No hay garantías
Sin embargo, para la presidenta del colectivo feminista “No se Metan con Nuestras Hijas” esta norma avalada por congresos locales no sirvirá como garantía para los sectores de escasos recursos, sobre todo mujeres pobres que no tienen o no saben cómo demandar.
“La medida está dirigida a cierto sector de la población. Podrían ser suficientes para que deudores alimentarios de la alta sociedad, por ejemplo solo el 11% de la población en México tiene pasaporte, ¿cuántos varones de la población mexicana aspiran a puestos políticos o tienen licencia para conducir?”, consideró Priscila Salas, cuestionando la efectividad de estas medidas contra deudores.
Explicó que la implementación del Padrón de Deudores Alimentarios deja de lado a los deudores alimenticios que no se preocupan por hacer los trámites que se le restringen en la reforma hecha a nivel federal.
Asimismo, destacó que los procesos para demandar a los morosos son exhaustivos para la población que tiene la custodia de los menores.
Por ejemplo, “Valeria” dijo que ha sido desgastante tener que ocuparse del cuidado de sus hijos, su trabajo y aparte tener que estar acudiendo a audiencias del juicio de divorcio, y ahora el proceso para la pensión.
“Es mucho para una sola hacerse cargo de todo”, puntualizó.
Las denuncias
Según la información expuesta en la solicitud de transparencia con el folio 251264400017823, realizada por El Sol de Sinaloa, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado tiene registrados 806 asuntos iniciados del juicio sumario familiar pago y/o aseguramiento de alimentos en el 2023.
El mes de marzo es el periodo en el cual se registró la mayor cantidad de procesos iniciados, alcanzando un total de 220 de todo el estado.
Respecto a los municipios en los cuales se han interpuesto más solicitudes de juicios por deuda alimentaria, la capital sinaloense se ubica en el primer puesto con 239 asuntos iniciados, mientras que Mazatlán queda en segundo lugar con 208.
En relación con el padrón que se contabiliza, el STJ aclaró que es competencia de la Secretaria General de Gobierno y el Registro Civil, quienes manejan las cifras.
La 3 de 3 en político
La magistrada del Tribunal Electoral de Sinaloa comentó que para las próximas elecciones, que se celebran en 2024, la aplicación de la restricción para los procesos electorales de los deudores alimentarios será aplicada.
Comentó que las denuncias podrán ser levantadas para que ningún moroso aspire a ocupar puestos de elección popular.
“Desde las precandidaturas ya se pueden ir socializando, aquí al tribunal puede venir todo aquel que considere vulnerado su derecho político electoral”, comentó.
