Culiacán, Sin. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, pugnó para que desaparezca “el veto del bolsillo” que utiliza el Ejecutivo Estatal para no publicar o retardar la publicación de un decreto aprobado por el Congreso del Estado.

Esto debido a que desde hace un mes el Poder Legislativo aprobó los decretos de las leyes de Austeridad y Remuneraciones y hasta el momento sin razón alguna el gobernador Quirino Ordaz Coppel no los ha publicado en el Periódico Oficial.

Para que pueda entrar en vigor y se aplique, de acuerdo con el marco legal, es necesario que el Ejecutivo la publique en el Periódico Oficial, igual que cualquier otro decreto que sea aprobado por el Congreso del Estado.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena informó que estos decretos debieron ser publicados antes del pasado 16 de enero, fecha en que se venció el plazo para su publicación, por lo que es necesario que haya una explicación de los motivos por los que no se han promulgado y sólo existe la versión de que en cualquier momento pudiesen ser publicadas.

La Ley de austeridad fue aprobada por unanimidad el pasado 28 de diciembre para que se aplique a los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los gobiernos municipales y órganos autónomos.

Con la aprobación de esta ley se eliminaron los servicios médicos privados, no se crearán nuevas plazas en mandos medios y superiores, los servidores públicos deberán viajar en aerolíneas comerciales y quedarán prohibidos el uso particular y/o familiar de los vehículos oficiales.

Otra de las modificaciones realizadas en el dictamen fue en el tema de la publicidad oficial y los gastos de comunicación, donde se establece que los poderes del estado, los ayuntamientos, los organismos autónomos y, en general, los entes públicos, limitarán sus gastos en este rubro.

La Ley de Austeridad busca establecer en Sinaloa criterios de austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los poderes de estado, los municipios y órganos autónomos.

En la misma se establece que todo servidor público, con independencia de su cargo o jerarquía, tendrá derecho al mismo servicio médico general, los servidores públicos en ningún caso podrán cubrir con cargo al erario viajes con motivos personales al extranjero.

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Por su parte la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos del Estado de Sinaloa fue aprobada por mayoría en la sesión del pasado 31 de diciembre donde se obliga a respetarla a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, de los diversos organismos autónomos constitucionales y de las diversas dependencias de los municipios.

Esta ley establece que ningún servidor público de Sinaloa podrá tener una remuneración mayor a la que tenga asignada el gobernador del estado. Cada dependencia deberá elaborar sus correspondientes tabuladores de sueldos.

Se podrá denunciar a todo servidor público que viole la ley, y se le podrá iniciar un procedimiento penal o un juicio político, y de comprobarse lo denunciado, se le podrá inhabilitar para el servicio público de seis meses a cuatro años, si el sueldo asignado en demasía no supera las mil UMAS, pero si las supera entonces la inhabilitación para cargos públicos podrá ser de cuatro a 14 años.

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