Culiacán, Sin.- Ante la sentencia de ocho años de prisión que un juez le dictó a Luis Ángel Pineda Ochoa (LAPO), extitular de la secretaría técnica de la Secretaría de Turismo en la administración de Mario López Valdez, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que es una muestra de que en Sinaloa no debe haber impunidad.

“Es un mensaje claro en contra de la corrupción”, expresó el gobernador.

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El mandatario estatal señaló que en Sinaloa no debe haber impunidad y, al ser el delito de desempeño irregular de la función pública el señalado, hay varios en Sinaloa que están haciendo “cola para eso”.

“Hay varios que están haciendo cola para eso. Que se den cuenta qué es lo que ocurre y ya eso no va a tardar”, indicó.

Asimismo, destacó que los que buscan ampararse, para el caso de corrupción es muy difícil que los amparen, “ya están viendo ustedes qué está pasando con los que están solicitando amparos en la universidad para ese caso”.

Rocha Moya, manifestó que a los exfuncionarios y actuales que se les acusa por desempeño irregular, se tiene que respetar su debido proceso con la presunción de inocencia.

Por lo que, indicó que algunos pueden ser declarados inocentes y para esto, se realiza el procedimiento legal, pero quien resulte responsable tiene que cumplir con la condena.

Cabe destacar que la sentencia le fue dictada a Luis Ángel Pineda desde el 2019 por el delito de desempeño irregular de la función pública, pero el retraso de cuatro años en el inicio de la condena se debió a que el exfuncionario tramitó durante este tiempo diversos amparos tanto a nivel local como federal, inconformándose por las decisiones judiciales.

Contexto

Sin embargo, finalmente le fueron negados todos los recursos, y ahora Pineda Ochoa fue declarado culpable en el 2019 por la entonces jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada (hoy fiscal General del Estado), de haber cometido un fraude en el año 2016, cuando estuvo al frente de la Secretaría Técnica de la Sectur, al simular una campaña publicitaria con al menos tres empresas.

Dicha campaña tuvo un costo de 8 millones de pesos, que habrían sido pagados con 42 cheques, pero estos no fueron depositados a las compañías, sino que se transfirieron a las cuentas bancarias de esposa, hija, cuñado y hermana del inculpado.