Culiacán, Sin.- En Sinaloa persiste el problema de “los moches” en la asignación de obras públicas por parte de funcionarios, pero quienes conocen los casos se abstienen dar nombres no sólo por temor en sus personas, sino también por temor a quedar fuera de la licitación de otras obras, denunció el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Ramírez Leal, quien también lamentó que a nivel federal no haya cambio en la fórmula de inversión pública para infraestructura.
Acompañado del presidente de la CMIC en Culiacán, Alfonso Torres, el dirigente nacional resaltó que a nivel nacional ya hay una mayor atención a las pequeñas y medianas empresas constructoras, lo cual antes no se había dado, y precisó que ello se ha logrado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre todo en acciones de mantenimiento de carreteras.
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Precisó que la mayoría de las pequeñas empresas están afiliadas a la CMIC o bien están debidamente registradas ante el Sistema de Administración Tributaria y cumplen con el debido pago de impuestos.
Agregó que se espera un trato similar con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En lo que se refiere a la denuncia de “moches”, expuso que es un problema que se tienen en la mayor parte del país y que se arrastra por inercia, ante lo cual consideró que se debe tener una ley de inversiones que garantice mayor transparencia en la asignación de las obras.
De igual manera, dijo, se debe buscar que haya menos funcionarios que metan manos en la asignación y licitación de obras, porque finalmente son éstos los que piden las dadivas para poder otorgar los contratos de las obras a realizar.
También reconoció que hay empresas que se prestan a esas irregularidades, sobre todo las que cambian de nombre cada año, y consideró que en la nueva ley de obras públicas que se pueda aprobar también se debe atacar esa situación.
Para avanzar en este sentido comentó que la misma CMIC está realizando una serie de foros en diversas regiones del país, a efecto de recoger propuestas y consensuar lo que se debe reformar en la citada ley.
