Culiacán, Sin.- Las denuncias informales de desapariciones forzadas por elementos del Ejército Mexicano, levantadas por los residentes de Jesús María, en la manifestación hecha el lunes 9 de enero en el Palacio de Gobierno, alimentaron la intriga respecto a los hechos que sucedieron en la localidad, cuando Ovidio Guzmán fue detenido el pasado 05 de enero.

Estas declaraciones levantaron las alertas de la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos, quienes realizaron una caravana al día siguiente de la protesta para recabar datos de las personas desaparecidas. El Sol de Sinaloa envió un equipo para dar seguimiento; nadie acudió con los activistas a darle formalidad a las denuncias que emitieron durante la protesta y unos pobladores pidieron el retiro de los activistas y los medios de comunicación presentes.

También puedes leer: Gobernador se compromete a gestionar el retiro del ejército de Jesús María

El vínculo entre pueblo y capo

Para Gloria Cuamea, maestra jubilada de la Uadeo quien ha tocado temas de narco cultura en investigaciones, esta actitud expone nuevamente el vínculo existente entre los carteles y los ciudadanos de sitios marginados, en dónde las personas no tienen más opciones que apoyar a los grupos delictivos y que incluso aseguran sentirse más seguros con la presencia de estos grupos porque son quienes imponen el orden.

"Es sabido que hay testimonios de gente que dice que reciben apoyos, que si han tenido emergencias con algún hijo enfermo, pues los señores esto los patrocinan... Entonces ahí hay también vínculos de lealtad de los pobladores hacia estas personas y a eso le sumas el hecho en sí de que, pues, estuvieron sitiados, estuvieron hostigados por el ejército, pues entiende que estén protestando, se entiende que no tengan confianza en las autoridades", comentó.

Añadió que es comprensible que los pobladores quieran regresar a sus actividades diarias, pero este comportamiento es un llamado de alerta para las autoridades gubernamentales, las cuales deberían dirigir su atención a estos lugares marginados en dónde los vínculos con los grupos delictivos es más fuerte.

"Desde hace mucho se debía de haber atendido ese fenómeno, no es reciente y con más razón ahora… Debería ser la oportunidad para un programa social de asistencia del gobierno, atender no solo a este pueblo, sino todos aquellos que están en condiciones similares o peores y que se sabe que hay presencia de este grupo" argumentó.

Proceso de reactivación

“Todavía percibo temor, miedo. Y es que la situación no estuvo nada fácil”, comentó Humberto Alejandro Herrera síndico de Jesús María, cuando se le cuestionó respecto al comportamiento de los residentes.

El síndico dijo que ahora el pueblo se encuentra en un proceso de reactivación y que una de las peticiones que hacen es la salida del Ejército para continuar con la cotidianidad. Ante esto, Cuamea señala que el retiro o no del ejército es una cuestión compleja, debido a los factores que rodean la problemática.

“Se debe entablar diálogo con la gente afectada, se les debe escuchar y en función a ese diálogo se deben tomar decisiones. Tiene que quedar abierto un diálogo para atender a estas personas, y también un compromiso por parte de las autoridades de que ya no va a haber agresiones o posibles agresiones a estas personas”, dijo

Comento que la situación debe de ser tensa por el reciente acontecimiento, y que las autoridades no simplemente se marchen del pueblo diciéndoles solamente a los pobladores “pórtense bien”.

La conclusión

Después de la manifestación de los habitantes de Jesús María, el gobernador Rubén Rocha Moya se comprometió a gestionar el retiro de los militares con el gobierno federal. Pero con retiro o no, sigue sin estar claro los supuestos abusos de autoridad que se suscitaron durante el operativo, puesto que los residentes mantienen la mirada al frente y esperando dejar este episodio violento en el pasado para continuar con la paz que reinaba antes de la captura de Ovidio.