Culiacán, Sin.- En un lapso de unos ocho años, el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro pasó de denunciar y combatir los presuntos abusos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado a cancelar los apoyos a personas en situación de vulnerabilidad.
En el 2014, desde su trinchera de abogado y oposición política, Estrada Ferreiro combatió determinaciones de la Japac, como restringir el suministro de agua potable a personas que no pagaban el recibo, sobre todo por su situación de vulnerabilidad.
Pero ahora, luego de que el Congreso del Estado y el gobernador Rubén Rocha Moya se proclamaron a favor de otorgar descuentos del 50 por ciento a personas discapacitadas, pensionados y jubilados, considerados como grupos sociales vulnerables, ahora convertido en alcalde, Estrada Ferreiro se posicionó en contra.
Al grado de anuncia que esta semana el cuerpo jurídico del Ayuntamiento de Culiacán interpondrá una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar de revertir estos apoyos, considerado por él como inconstitucionales pues los diputados modificaron la Ley de Agua Potable de Sinaloa para fijar estos descuentos en las tarifas, cosa que podría invadir la independencia de gestión de las finanzas municipales.
¿PERO QUÉ LE PASÓ?
En 2014, siendo alcalde el priista Aarón Rivas Loaiza y director de Japac, Jesús Higuera Laura (igual que actualmente), el abogado Estrada Ferreiro interpuso un amparo debido a que le cortaron el agua a una ciudadana.
El argumento legal es que el artículo 4 de la Constitución Mexicana habla de la garantía de los ciudadanos para acceder al agua, de modo que limitar el líquido a las personas, aunque no paguen la tarifa, violenta esta disposición garantista.
"No hay imposición legal que establezca que le tienen que cortar el agua la Japac a la persona que no paga, ahí procede un amparo", sentenció diciembre del 2014, poco antes de convertirse en candidato a diputado federal por el Partido del Trabajo, elección en la que fue duramente derrotado.
En aquel momento, el litigante usó de bandera política defender que la Japac no restringiera el servicio de suministro, establecido en el artículo 51 de la Ley de Agua Potable de Sinaloa, que señala que si alguien deja de pagar su recibo, la paramunicipal puede proceder.
Incluso acusó al entonces alcalde de una campaña de hostigamiento por parte del entonces presidente municipal Rivas Loaiza y de la Japac, dirigida por Higuera Laura.
El amparo fue a favor de la ciudadana, a quien le habían cortado el suministro, y Estrada habló de causas sociales y apoyo a personas vulnerables, pero...
QUE PAGUEN
Convertido en presidente municipal por Morena en 2018, de inmediato el abogado comenzó con una política recaudatoria considerada agresiva por parte de empresarios, pues canceló las Ceprofíes (apoyos fiscales) para las nuevas empresas y en un primero momento también intentó cancelar todos los descuentos en el pago del predial.
Ahora que cursa su segundo periodo como alcalde, el funcionario ha gestionado diversas problemáticas debido a su intensión de recaudar cada vez más: invalidó un decreto que garantiza pensiones dignas a viudas de policías, canceló de facto bonos de jubilación a agentes y eliminó los descuentos del 50% en el pago del agua a pensionados, jubilados y discapacitados ante la junta de gobierno de Japac.
Sin embargo, el Congreso del Estado aprobó una nueva reforma que ratifica estos descuentos, situación que contrario al munícipe al grado de elevar la confrontación con el gobernador, quien le prometió abonar de las finanzas estatales los descuentos a las personas.
Pasados los años, Estrada ahora asegura que todos pueden pagar, jubilados, pensionados y discapacitados, y quien de verdad no pueda, tendrá que demostrarlo.
Él jura que la Japac pierde 200 millones de pesos al año en recaudación debido a que en la capital del estado existen alrededor de 200 mil beneficiarios de este descuento.
Si este padrón de beneficiarios del descuento es exacto, y considerando que el recibo sería pagado en 50 pesos, la Junta estaría “perdiendo” 10 millones de pesos mensuales, que se traducen en 120 millones anuales, y no en los 200 que argumenta el presidente municipal.
Así, al final, los desacuerdos por la recaudación de las cuotas del agua, se mantiene en vilo, sin un final aparente hasta la fecha.
50%
Es el beneficio de pago a los grupos vulnerables señalados en la ley.
200
Son los millones que alega Estrada que se pierde por dar apoyos a ciudadanos.
QUÉ DICE ROCHA
El gobernador se dijo desde el primer momento de acuerdo en dar este beneficio, pues empata con el espíritu de la Cuarta Transformación.
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