Culiacán, Sin.- El abogado Ramón Bonilla, director de la Facultad de Derecho Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), denunció que las autoridades estatales están filtrando constantemente documentos a través de los medios de comunicación. Estas acciones tienen como objetivo crear una percepción de culpabilidad sobre los funcionarios universitarios, sin haber pasado por un proceso judicial adecuado.
Bonilla señaló que los procesos que se llevan a cabo en contra de los funcionarios universitarios están plagados de situaciones fabricadas y arbitrarias, que atentan contra la presunción de inocencia.
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Además, destacó que el gobernador Rubén Rocha Moya, en su Conferencia Semanera, emitió comentarios y juicios sumarios sobre estos asuntos jurídicos, lo cual es contrario a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El abogado resaltó que, legalmente, la Fiscalía General del Estado es un organismo autónomo y el gobernador no debería estar al tanto de los procesos que se llevan a cabo. Sin embargo, parece existir una comunicación indebida entre la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ejecutivo Estatal.
Estos hechos levantan sospechas sobre la estrategia conjunta que están siguiendo para tratar a los funcionarios universitarios como si fueran culpables antes de que se haya emitido una sentencia judicial firme.
"El juez o el Poder Judicial no debe estar enterado de lo que es la carpeta de investigación, pero si ya están haciendo esos comentarios, deduzco que hay una comunicación sesgada, arbitraria, abusiva, inconstitucional entre el Poder Judicial, la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, cuando no debía ser así. Esto es para que tengas idea de la gravedad de las cosas, de lo que está sucediendo en este momento aquí en Sinaloa, donde hay toda la utilización de la fuerza del Estado, de todas las instituciones del Estado para inculpar a personas de delitos", expresó Bonilla.
El abogado aclaró que el Gobierno del Estado no debería tener injerencia en los procesos, ya que no forma parte formal de las carpetas de investigación. Resulta alarmante que estén informados de todos los detalles, a pesar de que la denuncia fue presentada por particulares y la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPES), dependiente de la Fiscalía.
Esto sugiere que el Ejecutivo está construyendo un escenario jurídico-penal para acusar y fabricar delitos a los funcionarios universitarios.
En medio de esta situación, el académico resaltó que en Sinaloa existen numerosos delitos sin resolver, como homicidios y feminicidios, e incluso el caso del periodista Luis Enrique Ramírez, cuyo asesinato aún no se ha esclarecido. Sin embargo, se destina todo un aparato estatal para perseguir a los funcionarios de la Universidad y someterlos a juicios mediáticos, con la intención de llevarlos a un proceso legal y destituirlos de sus cargos. Además, el gobernador ha hecho declaraciones insinuando que será el juez quien decida si se separa o no al rector.
"Es gravísimo que estén ellos pensando o ideando cómo derrocar a un rector, incluso utilizando una vía legal. Gravísimo sería que lo hicieran, pero aclaramos, si eso hipotéticamente pasara, no tengo duda de que un juez de distrito, un juez federal, restituirá al rector en caso de que hubiera una situación así", concluyó Bonilla.
