CULIACÁN.- Juan Eulogio G., y Jesús M., ex Rector y Rector actual de la UAS, siguen vinculados a proceso por el Ejercicio indebido del servicio público.
La Fiscalía General del Estado apelará la sentencia emitida por el Juez de Distrito, que le señala al Juez de Control que deje insubsistente el auto de vinculación a proceso y las medidas cautelares.
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Ambos personajes fueron vinculados a proceso por la adquisición irregular de productos cárnicos en la causa penal 1117/2023.
La Fiscalía General del Estado no comparte los criterios adoptados por el Juez e interpondrá el recurso de revisión a lo que se está en tiempo para su presentación, ya que se recibió la notificación el 28 de mayo de 2024.
Se considera que sí se aportaron los datos de prueba suficientes y eficaces para acreditar a título probable, que el Rector y ex Rector tuvieron conocimiento de las adquisiciones irregulares que realizaron los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en los periodos fiscales que les fueron imputados.
Esto, realizado con la fundamentación en la Ley Orgánica de la UAS, Reglamento de Responsabilidades de los funcionarios universitarios, entre otros ordenamientos legales aplicables al caso, que contemplan las facultades y obligaciones de los imputados.
En la sentencia notificada a la FGE, se corrobora lo que esta institución ha sostenido en relación a que los funcionarios universitarios imputados, sí son servidores públicos al tener nombramientos de un cargo –Rectores- por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La universidad es un órgano descentralizado del Estado, forma parte de la Administración Publica Paraestatal de Sinaloa, a la cual no se le ha violentado su autonomía.
Con el recurso de revisión que interpondrá la Fiscalía, se actúa apegado al sistema jurídico actual, al igual que las vinculaciones a proceso con las que cuentan Juan Eulogio “G”, y Jesús “M”, son temas de legalidad donde se debe respetar los procedimientos de parte de toda persona que manejen recursos públicos, tal como en la presente acontece, que los funcionarios universitarios son presuntos responsables de la comisión de hechos en materia de corrupción.