Culiacán, Sin.- Diputados atribuyen de que quizá el gobernador Quirino Ordaz Coppel “vetó” las reformas a la Ley de Obras Publicas aprobada por unanimidad por los legisladores el 11 de junio pasado debido a que le acotaron la actuación de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa –PREECASIN-, considerada como la caja negra del gobierno de Sinaloa.
Esta paraestatal tiene facultades ilimitadas de construcción con presupuesto público y al restarle facultades, el gobernador ya no podrá hacer obras a discreción, sólo tendrá facultades para realizar “remiendos” a las obras en mal estado.
La ley “vetada” también establece regresarles facultades a las Juntas de Agua Potable, además de que una vez publicada en el Diario Oficial del Estado, ya no se podrán excluir a los testigos sociales en ningún tipo de licitación pública y obras de administración directa.
La diputada y presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Flora Isela Miranda Leal, se pregunta “¿A que le podemos atribuir?”
“Entre otras cosas, tampoco hay voluntad política por parte del Ejecutivo, cayendo en desacato por no publicarla, yo creo que ya no es un trámite burocrático, esta debió salir desde el 25 de junio”, indica.
Cuestionó que ya no se trata de un retraso por cuestiones burocráticas o de mero trámite de firmas, toda vez que ya han sido publicados otros decretos y las Reformas a la Lye de Obras Públicas siguen ahí.
“Ya no es mero trámite burocrático, ya no es una cuestión de firmas, sino una falta de voluntad para que entre en vigor y se sujeten a este ley que fue consenso por unanimidad en el Congreso”, lamentó.
Aclara que Desde el pasado 11 de junio, el Congreso del Estado aprobó una serie de reformar a la Ley de Obras Públicas de Sinaloa, la cual tuvo que haber entrado en vigor desde el pasado 25 junio. Sin embargo, esto no ha sucedido porque el Poder Ejecutivo no ha publicado esta Ley en el Diario Oficial.
“No ha entrado en vigor, de hecho debió entrar desde el 25 (de junio), no hubo objeción, no hubo observaciones que se hicieran, por lo tanto se cae en desacato por parte del Gobierno del Estado en el momento en que no se publica. Se cae en desacato de parte del Ejecutivo. No vemos justificación creíble que podamos entender por qué no la publicación”.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez explicó las disposiciones de la nueva ley que fue aprobada por unanimidad para buscar hacer más transparente la realización de obras públicas, desde su planeación hasta la culminación, pero que el gobernador aplicó un veto de bolsillo al pasar el plazo de los ocho días para realizar observaciones y no publicar el decreto para que entre en vigor en la nueva legislatura…
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Lamentó que pudiera caer en letra muerta el que los diputados hayan legislado en esta materia, dijo porque no es posible interponer un recurso jurídico que obligue al Poder Ejecutivo a publicar la ley.
“Ahora queda en la sociedad, el gremio de la construcción y en los servidores públicos el presionar para que no suceda un “veto de bolsillo, porque el gobernador Quirino Ordaz Coppel, ya “rebasó” el tiempo que tenía para publicar el decreto en el Periódico Oficial del Estado” dijo
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