Tras dos semanas del miedo, incertidumbre y estrés que provocó la disputa entre dos facciones de grupos criminales en una comunidad rural en la sierra de Sinaloa y el desplazamiento forzado interno de casi 800 personas, el Gobierno del Estado decidió que las familias podían regresar a sus hogares y cerró el albergue temporal habilitado en Salvador Alvarado, obligando a las personas a retornar a la zona de combate.
Los hechos violentos se registraron del 28 al 30 de julio en la comunidad de San José de las Delicias en el municipio homónimo a la entidad, donde Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo” Isidro desató la guerra contra Mario Alberto Lugo Lara “El Calabaceño” irrumpiendo en la comunidad y dejando carros y casas quemadas a su paso.
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Con ello 786 personas de 30 comunidades de Sinaloa y Mocorito dejaron sus hogares para guarecerse en el municipio vecino, donde las autoridades instalaron un albergue temporal en la escuela preparatoria CBTiS 45 que fue reforzado con elementos de seguridad de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva.
En el periodo en que las familias estuvieron resguardadas la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable entregó 11 mil 54 apoyos entre comidas calientes, catres, cobertores, abanicos, despensas y atenciones médicas, en lo que invirtió 1 millón 763 mil 964 pesos.
Pese a la seguridad en el albergue 6 jóvenes fueron desaparecidos, hechos que negaron las autoridades estatales y por el que más tarde se presentó la denuncia con folio ANGAFGTC/2689/2023, los 6 jóvenes que se encontraban en el albergue y uno más siguen en calidad de desaparecidos al cierre de esta edición.
¿Qué dice la ley?
La Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno establece que el gobierno del estado y los gobiernos municipales deben garantizar el retorno voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas una vez que la Comisión Intersecretarial emita un informe en el que establezca la inexistencia de los motivos que provocaron el desplazamiento.
El informe debe garantizar condiciones de seguridad y libertad de movimiento, alimentación, agua, vivienda, cuidados de salud y educación, acceso al empleo o medios de vida, restitución de la vivienda, tierras y otros bienes patrimoniales, acceso a la documentación personal, reunificación familiar, participación en asuntos públicos y acceso a la justicia y reparación del daño.
Este informe no fue presentado por las autoridades y el motivo que generó la violencia no había sido erradicado cuando las familias retornaron a sus comunidades.
Aunque algunas familias expresaron su inconformidad y se manifestaron con pancartas para solicitar que les permitieran permanecer en el albergue, Gobierno del Estado aseguró que hay condiciones para el regreso y el lunes a media mañana el albergue fue cerrado.
La madre de dos de los jóvenes desaparecidos expresó que prefería dormir en la calle o bajo un puente a regresar a su hogar sin sus hijos.
La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable rentó tres camiones para trasladar a las familias a las comunidades en la sierra de Sinaloa, también destinó recursos para el traslado, hospedaje y alimentación de 7 familias que salieron del estado.
Derechos Humanos
De acuerdo al registro que lleva la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos este es el cuarto desplazamiento forzado interno en Sinaloa, en donde al menos 30 miles personas han salido de sus hogares en los municipios de Guasave, Sinaloa, Choix, El Fuerte, Badiraguato, Cosalá, Culiacán y Concordia debido a situaciones de violencia, y en ninguno de ellos se ha actuado conforme a derecho.
Corría el año 2012, durante la administración de Mario López Valdez cuando sin garantizar las condiciones mínimas de seguridad, se invitó a miles de familias que habían sido desplazadas a volver a sus comunidades, este hecho provocó el asesinato de dos hermanos en Surutato, Badiraguato y una familia completa en San José de los Hornos, Sinaloa.
En los últimos dos desplazamientos, en Tepuche, Culiacán y San José de las Delicias, Sinaloa no se ha aplicado el protocolo de retorno que establece la Ley de desplazamiento aprobada en agosto de 2020, lo que violenta los derechos de los desplazados, el derecho a la seguridad, la vida, la libertad y la integridad.
Gallinas ponedoras y borregos
Ante el sentimiento de angustia e inseguridad algunas familias que fueron retornadas a sus hogares han decidido bajar al municipio vecino por segunda ocasión buscando refugio, caso que desconoce la Secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable.
La titular de Sebides, María Inés Pérez Corral informó que continuarán brindando apoyo a las familias de las comunidades donde se registró la violencia, a través de programas productivos como gallinas ponedoras, borregos, tortillerías y entrega de despensas se garantizará la atención integral.
“Traemos como unas 30 familias de San José pero vamos a levantar también de las familias del resto de los poblados, son de gallinas ponedoras, de borregos, alguna que otra panadería, para tamales, cosas así", informó.
“Van a ir retornando de poco en poco, los de San José todos absolutamente todos están siendo atendidos”.
