Culiacán, Sin. Las desapariciones forzadas es una problemática social cotidiana que el gobierno no ha tenido capacidad para enfrentarla, mucho menos hacerle frente, por lo que consideraron que es una tragedia nacional.
Durante el encuentro de las comisiones de Puntos Constitucionales de Derechos Humanos y Justica con organismos y personas interesadas en la legislación en la materia de Desapariciones Forzadas en el Estado de Sinaloa, participaron abogados, colectivos de personas desaparecidas, defensores de derechos humanos y académicos quienes coincidieron en señalar que en esta materia se requiere la voluntad del estado.
Con la ausencia de los titulares de la Secretaría General de Gobierno y del Fiscal General, quienes mandaron representantes, la diputada de Morena la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, al inaugurar el foro advirtió que la desaparición de personas es una tragedia nacional de la que Sinaloa ha sido un gran contribuyente.
Sin tapujos acusó que la anterior legislatura y Gobierno del Estado, incurrieron en omisiones legislativas por no haber armonizado las leyes estatales con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, al criticar que no se creó la Fiscalía Especializada ni la Comisión Estatal de búsqueda, cuyo plazo para haberlo hecho y el pasado 17 de julio de 2018 se venció el plazo.
Explicó que tampoco se crearon las comisiones locales de búsqueda que debió crearse a más tardar el 17 de abril del año pasado.
La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, dijo que apenas hace unos días el Gobierno del Estado emitió un acuerdo de creación de la comisión y la convocatoria para la designación de su titular.
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Ante estos vacíos, dijo, le ha tocado a la actual legislatura encarar el reto de presentar las iniciativas para expedir las leyes en la materia.
Así mismo destacó que en diciembre pasado aprobaron una partida para la Comisión Estatal de Búsqueda, pese a que todavía no existía esta figura, reiterando que Gobierno del Estado ignoró en este tema, una vez más, sus obligaciones.
Por su parte Alma Rosa Rojo Medina, representante de Voces Unida por la Vida, hizo un llamado para quien ocupe la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda sea una persona que tenga conocimientos en el problema y no una improvisada.
Además, solicitó que se incremente el presupuesto destinado para este fin debido a que el asignado este año será insuficiente para darle seguimiento al trabajo de restos y osamentas humanas ya que se requiere comprar reactivos para el análisis genético.
Martha Beatriz Vega de Sabuesas Guerreras, señalo que a diario se despiertan con los periódicos chorreando sangre con las noticias de levantados y desaparecidos.
Cuestionó que pese a que se han hecho solicitudes y reuniones, siguen sin armonizarse la legislación estatal con la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas.
Lamentó que, si el estado los apoyara con una búsqueda intensa dentro de las primeras 48 horas, podrían encontrar muchas personas con vida, ya que su deseo no es encontrar los restos, sino con vida porque no solo quieren encontrar restos.
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A través de la expedición de una Ley para atender el problema de la Desaparición Forzada en la entidad, el Congreso del Estado de Sinaloa asume la responsabilidad con la parte que le corresponde para avanzar en su solución, señaló la diputada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Angélica Díaz de Cuén durante la clausura del encuentro de las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, Derechos Humanos y Justicia, con organismos y personas interesadas en la legislación en materia de desaparición forzada en el estado de Sinaloa.
La diputada Angélica Díaz Quiñonez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos al clausurar el evento advirtió que una forma de enriquecer la Ley en la materia de Desapariciones Forzadas es escuchar a las personas afectadas, así como a gente experta y de amplia experiencia que lleva muchos años denunciando, investigando y exigiendo que el Estado se haga responsable.
Sabemos de la angustia de los familiares de no saber lo que sucedió, el desánimo de ver que las autoridades encargadas de investigar no adoptan las medidas pertinentes para encontrar a las víctimas, sino que lejos de ello, las criminalizan.
Angélica Díaz Quiñonez
Precisó que ha llegado el momento de decir basta de tanta violación a los derechos humanos de las víctimas, que en su mayoría son personas de escasos recursos, por lo que en muchas ocasiones se les resta importancia etiquetándolos como ajustes de cuentas entre grupos criminales, por lo que aseveró que no hay que olvidar que se trata de ser humanos que merecen ser tratados con dignidad.
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