La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido la protagonista de las más recientes denuncias en contra la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), pero este órgano no ha sobresalido por su labor desde su creación sino en un contexto de persecución política.
Esto a pesar de que la función primordial para la que fue creado este órgano especializado es la investigación de lavado de dinero en Sinaloa, un símil de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal.
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Sin embargo, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y el Congreso del Estado tardaron casi un año en dotar de equipamiento y un marco legal que capacitara a la UIPE para combatir este delito.
Aun así, desde el momento de su creación hasta la fecha, este órgano no ha presentado una sola denuncia por lavado de dinero en Sinaloa y su personal se ha dedicado a apoyar en la investigación de otros delitos a las diversas agencias del Ministerio Público.
El hilo de la unidad
Si bien esta unidad recientemente ha accedido a información que la UAS no había transparentado y que revela gastos millonarios inexplicables, como la compra de 20 millones de pesos de tortillas y otros 30 millones en carne y pollo, las revelaciones surgen en medio del conflicto entre la universidad y Gobierno del Estado por la reforma a la ley orgánica de la casa rosalina.
Previo a esto, la UIPE prácticamente no había reportado un trabajo tan exhaustivo desde su creación, el 4 de septiembre de 2020 por decreto del Congreso del Estado.
Como si se tratara de un ariete político, la UIPE ha hecho revelaciones financieras solamente cuando se trata de afectar a personajes que se encuentran en conflicto con el gobierno.
El primer caso, y probablemente el más relevante hasta el momento, es el del exalcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien enfrenta dos juicios políticos por mal uso de la función pública, por la renta de 17 camiones de basura, y otro por acusaciones de viudas de policías, a quienes se negaba a pagar la homologación de la pensión que les correspondía luego del decreto 645 del Congreso del Estado.
En mayo, durante una de las audiencias del exalcalde, se dio a conocer que la UIPE investigaba sus cuentas bancarias, así como a otros exfuncionarios morenistas de su administración, quienes ya se encuentran vinculados a proceso.
Sin embargo, donde ha quedado en evidencia la operación de este órgano de investigación de lavado de dinero, es con la investigación de la familia Cuén Ojeda. Durante el mismo mes de mayo, se dio a conocer que en documentos filtrados a diversos medios de comunicación que Héctor Melesio Cuen Ojeda, su esposa, su hijo, sus dos hijas y son investigados por enriquecimiento inexplicable.
La estructura
Sin embargo, a pesar de que las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica parecen dar con los resultados deseados, el organismo cuenta con apenas 16 personas en su estructura.
Según una solicitud de acceso a la información realizada por El Sol de Sinaloa, la UIPE está formada por su titular, una secretaría técnica, la dirección de análisis, que a su vez está compuesta por las subidercciones de Análisis Económico y Patrimonial y Análisis Fiscal y Contable, cada una con un analista.
Asimismo, cuenta con una dirección jurídica, la cual está conformada por una subdirección de asuntos normativos, dos jefaturas de procesos legales y un notificador.
Y en último lugar, una dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, la cual cuenta con una jefatura de departamento.
En total, se trata de un órgano de 16 personas, quienes hasta este año se habían dedicado a coadyuvar en otras investigaciones, pero en ningún caso al lavado de dinero. En la respuesta de acceso, la Fiscalía se negó a entregar nóminas y gastos de viáticos de los integrantes, así como revelar las identidades de estas 16 personas.
En el decreto de su formación se establece que las funciones de la UIPES son “identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus ilícitos relacionados desde la óptica científica de la investigación”.
Pormenores
La UIPE ha realizado una serie de filtraciones en medios de comunicación en las que se informa de los avances en contra de quienes están en conflicto con la administración estatal. Hasta el momento, hay dos frentes abiertos: uno en contra del rector de la UAS, Jesús Madueña Molina y el exrector Juan Eulogio Guerra Liera por los gastos irregulares de la universidad, y un segundo contra Héctor Melesio Cuen Ojeda y familia por presunto enriquecimiento inexplicable.
El Sol de Sinaloa solicitó de manera oficial los documentos que está trabajando la UIPE por medio de la Ley de Transparencia, pero la Fiscalía rechazó entregar esta información, a pesar de que sí ha filtrado sus investigaciones a medios como Noroeste, Revista Espejo y Los Noticieristas.
El inicio de estas investigaciones coincide con el conflicto por la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual el Congreso del Estado planteó realizar sin mediar con la comunidad universitaria, lo cual generó protestas por parte de las autoridades uaseñas.
La respuesta a estas inconformidades fue la incursión en más de una ocasión de la Auditoría Superior del Estado en las finanzas de la máxima casa de estudios de Sinaloa y el inicio de un conflicto en los tribunales que todavía al día de hoy está lejos de concluir.
Si bien el órgano fiscal ha anunciado investigaciones y emisiones de órdenes de aprehensión, tanto el Jesús Madueña como Melesio Cuen han dicho que, al solicitar información, en realidad no hay nada en su contra.
10
Son las denuncias interpuestas por la UIPE en contra de las autoridades de la UAS, las cuales son procesadas por el Ministerio Público.
Amparos
El cuerpo legal de la UAS argumentó ante los juzgados federales que la UIPE no puede investigar y luego presentar denuncia, ya que esa facultad corresponde al Ministerio Público.
