Culiacán, Sin. - Héctor Melesio Cuén Díaz es uno de los protagonistas del conflicto entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). A diferencia de otros funcionarios de la UAS, que han logrado algunos amparos que han frenado sus vinculaciones a procesos, el hijo del líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, no ha conseguido que ni un juez de Distrito frene su presencia ante el Juez de Control.
La Fiscalía General del Estado trata de imputarle el delito de negociaciones ilícitas por la facturación de 1.7 millones de pesos a su empresa Luis XV SA de CV, cuando él era director de Bienes y Suministros de la UAS.
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El hijo de Cuén Ojeda ha logrado evadir la vinculación a proceso, pero fracasó en que su audiencia sea por Zoom, mientras Fiscalía y Juez aprietan la pinza en esta confrontación de la élite uaseña con el gobierno de Rubén Rocha Moya.
Los delitos
Cuén Díaz fungía como director de Bienes e Inventarios de la UAS cuando en mayo de 2023 surgió la noticia de una denuncia ante la FGE por dicho ilícito. Aún se desconoce el contenido de la carpeta de investigación en la que se fundamenta la acusación por negociaciones ilícitas, aunque algunos medios de comunicación locales ligan el cargo que ocupó en la Casa Rosalina hasta ese mismo mes.
Esta acusación floreció en vísperas de la revelación de que la Unidad de Inteligencia Patrimonial de la FGE inició una investigación contra su familia por presunto enriquecimiento ilícito, aunado a las causas penales por compras presuntamente irregulares hechas por la UAS de cárnicos y equipo de cómputo.
Redes de proveedores
Investigaciones periodísticas revelaron múltiples redes de proveedores vinculadas a la familia Cuén Díaz. Por ejemplo, el esposo de Yareli López Sotelo, funcionaria de la Facultad de Informática, facturó 123 millones 886 mil 915 pesos a la UAS en 2022 mediante 5,643 facturas, eludiendo así los límites de licitación. La familia López Imperial también facturó 118 millones de pesos en 2022 a través de 5,215 folios fiscales.
Otro caso involucra a Perla Viridiana Duarte Cervantes, quien facturó 95 millones de pesos en productos con sobreprecios. Asimismo, la inmobiliaria Luis XV, propiedad de la familia Cuén, cobró 1 millón 734 mil 466 pesos por "alimentos y bebidas".
Desde 2017, un ex socio de Cuén Díaz recibió 61 millones de pesos por ventas de lonas y uniformes. Además, se han identificado compras de carne y pollo por 61 millones de pesos con sobreprecios significativos.
En total, las presuntas compras irregulares en la UAS ascienden a 648 millones 270 mil 451 pesos.
Sin amparo
Al igual que su padre, Héctor Melesio hijo, buscó el amparo de la justicia federal para no ser detenido por las autoridades, bajo el contexto de la investigación en su contra. Estos recursos también se les conocen como "buscadores", ya que con ellos se puede saber si algún juez concedió una orden de aprehensión contra alguien.
Según lo dicho por Cuén Ojeda, el amparo se interpuso porque hombres armados andaban preguntando por él y su hijo.
De nueva cuenta, Cuén Díaz recurrió a la justicia federal para buscar contrarrestar la vinculación a proceso referente a las presuntas compras irregulares de cárnicos y tortilla, los cuales suman montos de 67 millones y 24 millones de pesos, respectivamente.
En esta ocasión se alegó ante los jueces federales que las adquisiciones de los alimentos no se licitaron porque eran recursos federales, de tal suerte que se pidió remover la vinculación del Comité de Adquisiciones, alegando que esto vulneraría la autonomía universitaria, pero se confirmó la legitimidad de los cargos imputados por la presunta participación de ejercicio indebido de la función pública.
El último recurso interpuesto por Cuén hijo referente a las acusaciones de negociaciones ilícitas en su contra fue promovido luego de que una jueza de control aprobara el uso de la fuerza pública para hacerle comparecer a la audiencia inicial.
Iban por él
La FGE armó un operativo el 7 de junio para aprehender a Cuén Díaz; su papá relató ante la prensa que fueron interceptados por los agentes ministeriales mientras transitaban por el bulevar Sánchez Alonso, subiendo el puente, pero no precisó cuál fue el requerimiento de los policías.
El imputado también pedía que la audiencia fuera celebrada por Zoom, pero se declaró que esto está en manos del Juez de Control, además se ordenó comparecer a Cuén el 21 de junio.
“No es dable acordar de conformidad con lo solicitado; lo anterior, virtud que es potestad del juez rector proveer en torno a sus presentaciones y modo de desarrollo de las diligencias programada”, señaló el juez federal.
Después de esto volvió a ausentarse, alegando que una afección en la rodilla no le permite estar presente, pidiendo que se lleve a cabo la audiencia por Zoom, pero el juez determinó reagendarla al 1 de julio.
En esta parte de la audiencia, los fiscales comentaron que es probable que Cuén esté fuera del país, ya que así lo expuso en un oficio entregado en las otras causas penales que le atañen.
Amparo para la élite
Los únicos funcionarios uaseños que han logrado el cobijo de un amparo son los exrectores Jesús Madueña Molina y Juan Eulogio Guerra Liera, contra el acto de vinculación a proceso por las compras presuntamente irregulares, ya que no se pudo comprobar su participación en la adquisición de cárnicos y tortillas.