Culiacán, Sin.- Un gran avance en materia de igualdad de género es lo que se logró con la modificación de la Ley de Igualdad de Género que ahora también obliga a las empresas e iniciativa privada a cumplir con la paridad de género, informó la titular de la Secretaría de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa.
El anuncio lo hizo en la tercera sesión ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa donde participaron titulares de las diversas dependencias de Gobierno como la Fiscalía General, la Secretaría de Salud, de Educación, de Bienestar y Desarrollo Sustentable, de Seguridad Pública y Administración y Finanzas.
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Guerra Ochoa explicó que la Ley de Igualdad en Sinaloa está vigente desde el 2009, es decir tiene más de 14 años vigente, sin embargo, en el sector privado se había quedado rezagada debido a que las reformas que se han hecho son para obligar al sector público a cumplir con la paridad de género, dejando de lado al sector privado.
Con esta reforma a la Ley de Igual de Género en el Estado de Sinaloa las empresas deberán contar con al menos el 40 por ciento de mujeres en la planta laboral, y de este porcentaje, el 10 por ciento deberá ocupar puestos gerenciales y directivos.
“La Ley de Igualdad de Género no solo obliga a las autoridades, también obliga al sector privado a caminar en el tema de paridad, no es algo que solamente deba hacer el sector público y en eso todavía nos faltan pasos por dar”, expresó la titular de la Secretaría de las Mujeres.
“Dentro de ese 40 por ciento que ahorita está mandatado, establece que cuando menos el 10 por ciento de este 40 tendría que estar en puestos directivos”.
Para ello se trabajará en la difusión de la ley para que las empresas cumplan con la paridad de género, en un primer momento se otorgarán reconocimientos de empresa socialmente responsable a aquellos establecimientos que cumplan con la Ley de Igualdad de Género, y en un futuro se contempla establecer sanciones a quienes infrinjan la norma.
“Estamos trabajando en cómo sensibilizar al sector privado para que sin sanciones realmente cumpla con lo que la Ley de Igualdad establece, primero convocándolo a que se certifique, pero posteriormente se podría pensar en la posibilidad de establecer consecuencias si no cumplen con la normativa”, señaló María Teresa Guerra Ochoa.