Culiacán, Sin.- De acuerdo con el World Justice Project (WJP) y su estudio Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, Sinaloa ocupa el puesto número 11 entre las entidades, mostrando en sus datos que se tiene una buena adhesión al Estado de Derecho, desde una perspectiva ciudadana.
Los ocho factores a evaluar fueron: Límites al poder gubernamental, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil y Justicia penal.
De estos rubros, destacan tres. En primer lugar una fuerte adhesión a los derechos fundamentales; en segundo, cumplimiento casi completo a la justicia penal y en tercer lugar, límites al poder gubernamental.
Según los números de este estudio, donde 1 es el puntaje más alto, Sinaloa tiene en 0.49 el cumplimiento de los derechos fundamentales; con lo que, derivado de los subfactores que muestra esta investigación, se puede afirmar que Sinaloa tiene:
Derecho a la libertad religiosa y de culto, derecho a la libertad de asamblea y asociación y que el debido proceso legal de los acusados se garantiza efectivamente.
Jenny del Rincón
Sinaloa cumple con: la garantización de los derechos de las víctimas, el preciso proceso legal de los acusados de manera efectiva y un sistema de justicia imparcial, independiente y libre de corrupción.
Los subfactores destacaron que en Sinaloa: “el Poder Judicial es un contrapeso eficaz del gobierno estatal, las elecciones son limpias, libres y transparentes y la sociedad civil, prensa y partidos políticos son un contrapeso eficaz del gobierno”.
El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Ricardo Jenny del Rincón, señala que al estado le hace falta reforzar las instituciones de justicia penal.
Para contribuir al Estado de Derecho en Sinaloa se necesita reforzar las instituciones de justicia y seguridad, con políticas públicas medibles y evaluables. Se necesita también un enfoque estratégico y transparente de los recursos públicos y además, un marco jurídico sólido y actualizado que brinde seguridad a la sociedad y a las mismas instituciones; de eta manera se logra el fortalecimiento de las instituciones.
Coordinador del CESP
Expuso que al gobierno del estado le hace falta brindar mayor capital humano, seguridad, pago de sueldos e insumos; a las dependencias encargadas de hacer justicia y así brinden mejores resultados.
Así también logramos que bajen gradualmente los índices delictivos y que se reduzca la impunidad. Estos son los ejes que vigila el CESP.
Del Rincón
Por su parte, Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, señaló que este estudio no está alejado de la realidad, y destacó que Sinaloa ha mejorado pero tiene una deuda con la equidad y la justicia.
Aquí no se ha reformado la Ley de Justicia Penal. La tortura y el maltrato siguen existiendo y eso daña el Estado de Derecho.
Loza Ochoa
Además expuso que el Poder Executivo se presta a negociar con delincuentes, como ejemplo puso el caso de cuando la Jueza Sara Bruna, no perdonó a Armando Villarreal pero el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, sí.
Loza Ochoa mencionó la equidad y los derechos de las mujeres.
Falta equidad en muchas aristas de la vida pública para las mujeres, en el poder judicial y el gabinete ejecutivo, además de, los derechos y protección para las sinaloenses ante desapariciones y feminicidios.
Loza Ochoa
11
Es el lugar que ocupa Sinaloa en la tabla nacional, pese a la violencia y la impunidad que campea en el territorio estatal.
DEUDA PENDIENTE
En Sinaloa sigue pendiente la reforma a la Ley de Justicia Penal, esencial para combatir la impunidad.
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