Culiacán, Sin.- Mariana fue asesinada a los 17 años de edad, su cuerpo fue encontrado el 16 de diciembre del 2019 en Culiacán y su caso cobró visibilidad nacional, luego de que familiares denunciaron la inacción de las autoridades para dar con su paradero.
El feminicidio de Mariana es uno de los más de 40 que se han registrado desde 2019 a la fecha, y que a pesar de tener a un imputado en prisión, sigue sin recibir justicia, al no contar con una sentencia condenatoria.
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A fines de 2021, el proceso contra el presunto responsable, acusado además de otros tres feminicidios, se encontraba en espera de concretar un acuerdo previo para conseguir una condena bajo un procedimiento abreviado, pero algo sucedió, que las cosas quedaron en suspenso.
En el último tramo, el imputado Rosario Alonso se declaró inocente ante un juez de control, alargando con su declaración las audiencias del caso.
Se mantiene la esperanza
A dos años y medio del crimen, los padres y hermanos de Mariana, continúan en la lucha de que se haga justicia plena para ella y para todas las víctimas del presunto feminicida.
Melisa, hermana de Mariana, explica que esperan la realización del juicio oral, aunque no hay fecha, lo que alarga la agonía.
"Nuestra familia había optado por aceptar el procedimiento abreviado, en primera por el tiempo, si de por sí, ya llevamos dos años en eso ahora imagínate alargarlo más, cada vez que nos citan ir a ver a esta persona (imputado) no es nada agradable", dice.
Señala que, además de la espera en la resolución del caso, en especial la familia no quería atravesar un juicio oral, para no revivir de nuevo los hechos que llevaron a la privación de la vida de su hermana.
"Le están dando demasiadas largas y siento que nos están haciendo el proceso cansado a nosotros y a las demás familias para que desistamos de todo esto", puntualiza.
Resultados mínimos en procuración
En Sinaloa, los índices de justicia penal, han sido precarios en los últimos años, pues durante el 2021, de 23 mil 386 carpetas de investigación que se abrieron por diversos delitos, solamente 904 casos recibieron una sentencia; ya sea bajo condena por procedimiento abreviado o en juicio oral.
De acuerdo a un estudio de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la procuración de justicia en el delito de feminicidio, quedó a medias durante el 2021, ya que de las 40 carpetas de investigación abiertas, sólo 19 fueron judicializadas, es decir, fueron presentadas ante un juez de control, y de ellas, ninguna ha recibido una sentencia. Simplemente la cifra de sentencias condenatorias es igual a cero.
De las 40 carpetas se giraron 12 órdenes de aprehensión de las que solamente fueron ejecutadas 6, y se dictaron 11 medidas cautelares.
Actualmente, el gobernador Rubén Rocha, su fiscal Sara Bruna y su secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra, han indicado que el delito de feminicidio se ha mostrado a la baja, sin embargo, colectivas feministas han denunciado que más del 30 por ciento de los casos no se tipifican como feminicidio, sino como homicidio doloso.
Es decir, de 16 asesinatos de mujeres en 2022, sólo 10 han sido calificados como feminicidios.
Violencia familiar y violación
Se trata de un delito que va en aumento, tan sólo en 2022 se registran un 28 por ciento de más denuncias que el año pasado.
Así, el CESP indica que en 2021 la Fiscalía inició 5 mil 733 carpetas de investigación por este delito, de las cuales, mil 553 se turnaron a los jueces, que emitieron 19 sentencias en procedimiento abreviado y se libraron 63 órdenes de aprehensión.
Del total de carpetas, los jueces realizaron 531 vinculaciones a proceso y entregaron 812 medidas cautelares en favor de las víctimas, es decir, órdenes de alejamiento o de protección.
En el caso de la violación, de los 319 casos iniciados por la Fiscalía, fueron judicializados 73, de libraron 67 órdenes de aprehensión, se detuvo a 47 presuntos violadores, pero sólo cuatro de ellos recibieron una sentencia en procedimiento abreviado, pues en por juicio oral nadie obtuvo una condena.
Estos números lo único que evidencia es la ausencia de políticas públicas de prevención y un trabajo de fondo en materia de procuración de justicia, externa Priscila Salas, presidenta de la colectiva “No te metas con nuestras hijas”.
“No hay ninguna acción gubernamental para que esto ya no siga ocurriendo. No existe ninguna acción para que sea posible sancionar de manera adecuada este tipo de delitos y para erradicarlos”, expresa, al mismo tiempo que habla sobre el problema sistémico que existe en las instituciones del Estado para no violentar a mujeres, niñas y adolescentes.
