La remoción del rector y de los funcionarios de la UAS que formaban parte del Comité de Adquisición no fue una sorpresa. Antes de que Jesús Madueña Molina entrara a la sala del Centro de Justicia Penal, expresó lo que ya sabía: que su separación del cargo era inminente.
"No le temo a nada", declaró a la prensa cuando se le cuestionó sobre el asunto.
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La audiencia comenzó, pero la modificación de las medidas cautelares contra los imputados no se abordó de inmediato, sino horas más tarde. Esa era la clave de la cita con el juez Carlos Alberto Herrera.
En la lectura de los motivos de la modificación de las medidas cautelares, los fiscales dieron lectura a sus argumentos, el principal, que los imputados, siendo funcionarios de la UAS, podrían obstaculizar la investigación complementaria que inició el 14 de septiembre, cuando los indiciados fueron vinculados a proceso.
La fiscalía se remontó al mes de mayo, fecha en la que se giró un oficio a la UAS para obtener información sobre las compras que sumadas arrojaban un valor de 45 millones de pesos en tortillas y totopos, realizadas por la institución al empresario Sergio Cháidez Monárrez, situación que los funcionarios trataron de bloquear.
"Objeción", dijo Milton Ayala, abogado de Madueña. Señaló que la FGE no debía hablar sobre hechos anteriores al 14 de septiembre, ya que los representantes del MP pedían la modificación de las medidas cautelares fundamentando que la investigación complementaria estaba siendo obstaculizada, por lo que solo debía referirse a hechos ocurridos después de dicha fecha.
Estira y afloja
Los fiscales indicaron que la UAS realizaba prácticas dilatorias para evitar entregar información referente a las compras de tortillas, nixtamal, tostadas y tortillas de harina.
Acusaron a los imputados de interferir en la investigación, por lo que se hizo la solicitud de removerlos. A los imputados se les notaba nerviosos después de la lectura, Madueña acariciaba sus labios, se rascaba la nariz y se frotaba los ojos mientras escuchaba e intercambiaba comentarios con su abogado.
La defensa pidió 2 horas para asimilar lo expuesto por el órgano de investigación y para comer. Al reanudar la audiencia, la defensa señaló que no había manera de comprobar la interferencia de los imputados en la investigación. Se expuso que la separación de los cargos violaba el derecho al trabajo y que esas decisiones solo podían ser tomadas por la máxima autoridad de la UAS, el Consejo Universitario.
Pero de nada sirvió el pataleo. El juez Herrara soltó su martillo: separación temporal del cargo de rector a Madueña y en la lista siguió Soila Marivel Gaxiola Camacho, directora de Planeación y Desarrollo; Jorge Perez Rubio, director de Construcción y Mantenimiento; Óscar Orlando Guadrón, director de Proyectos Especiales y Manuel de Jesús Lara Salazar, contralor General.
Al salir de la sala, Madueña ya no se mostró eufórico, traía un rostro de desconcierto, junto a su esposa, quien soltó unas lágrimas, mientras los asistentes soltaban vivas a la UAS, a Madueña y frases contra Rocha
La marcha de los cien mil
La estrategia tras la separación del cargo, fue anunciar la movilización estatal. La orden de la élite a la base universitaria fue abandonar las aulas y volcarse a las calles, en los 18 municipios.
Preparatorias, facultades y posgrados que quedaron sin docentes, los pasillos y edificios fueron desolados. Los contingentes salieron a mostrar músculo en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.
En la capital, se movieron desde Ciudad Universitaria y La Lomita para unirse en Catedral, y luego tomar rumbo a la Plazuela Rosales, en el viejo edificio de Rectoría, un día coso de manifestaciones, huelgas y hasta de pleitos porriles.
En pleno arrebato, se unió a la marcha el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien declaró que lo hacía en contra del gobierno autoritario de Rubén Rocha Moya. Incluso Estrada dijo que apoyaría cualquier caso judicial en el que estuviera inmiscuido el gobierno.
Desde el lado del gobernador, varios actores salieron a reprochar que sacaran a los estudiantes a marchar, criticaron la suspensión de clases, como Merary Villegas, de Morena, Feliciano Castro, Sergio Mario Arredondo y José Manuel Luque, diputados que señalaron en coro: “Fueron obligados”.
Entre los contingentes de alumnos, eso sí se vio, se dedicaron a grabar tiktoks, en las redes sociales los memes no se hicieron esperar, la diversión aparente de los jóvenes no hizo empatía con los discursos arrebatados de Madueña y muchos trabajadores.
Al final, la demostración de músculo se difuminó. Como encargado del despacho de Rectoría quedó Robespierre Lizárraga, quien también tiene una vinculación a proceso, pero por presunto abuso de autoridad.
Al final de la semana, tras una nueva audiencia diferida para diciembre, los abogados aseguraron que a través de amparos restituirán al rector, y que el Poder Judicial Federal y el Consejo Universitario, confirmarán que tienen la razón. Por el momento, la caída de Madueña, quedará como ejemplo de lo que posiblemente vendrá en los juicios postreros.
¿Qué sigue?
La Ley Orgánica de la UAS establece que el secretario General, en ausencia del rector, se queda como encargado de despacho hasta por 40 días. En caso de que se supere ese tiempo, el Consejo Universitario tiene que nombrar a un rector provisional.
Asimismo, el rector provisional no puede rebasar los 80 días naturales de ausencia del rector elegido, por lo que una vez cumplido el plazo, el Consejo puede nombrar a uno sustituto para que concluya el periodo de 4 años, tomando en cuenta que Madueña tiene apenas un año de gestión.
