Luego de tres años de pelear en los tribunales mexicanos para demostrar que los recursos depositados en sus cuentas no guardan relación con las empresas del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, “El Mayo”, por fin el ex director de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Ramón Florencio López Hernández obtuvo un amparo que obligaron a la Unidad de Inteligencia Financiera descongelar su dinero.

Fue el pasado 14 de octubre cuando un tribunal colegiado en materia administrativa de Mazatlán falló a favor de López Hernández, quien actualmente es jubilado de la Universidad.

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El Juez Tercero informó ese mismo día en su lista de estrados: “El Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, con sede en esta ciudad, informa que en cumplimiento a la interlocutoria dictada en el presente incidente, realizó el desbloqueo de la cuenta bancaria; téngase por recibida la información proporcionada por la autoridad responsable.”

Con este amparo ganado, se le requirió a la UIF dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que deje sin efectos el Acuerdo 193/2029 del 17 de septiembre de 2019, cuando procedió a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria la inclusión del ex funcionario universitario en su lista de personas bloqueadas por posible relación con el Cártel de Sinaloa.

El representante de los Zambadas

Según la UIF en su acuerdo de septiembre de 2019, Ramón Florencio es representante legal de dos empresas fundadas por la familia Zambada García, la primera Centro Comercial y Habitacional Lomas, ubicado en Lomas del Bulevar, y la segunda Establo Puerto Rico SA de CV, la empresa lechera señalada por el Departamento del Tesoro de lavar recursos del crimen organizado.

“Sobre Ramón Florencio López Hernández se identificó que es representante legal de estas empresas, las cuales se encuentran constituidas por diversas personas, entre las que resaltan familiares del líder del Cártel de Sinaloa”, señala el amparo que se le negó en 2020, un año después que el hoy jubilado comenzó su batalla en los tribunales.

La UIF indicó que estas personas –no menciona nombres, pero se trata de familiares directos del “Mayo” organizaron una “estratagema tendiente a operar dentro del sistema financiero nacional los activos obtenidos que muy posiblemente tienen un origen ilícito”.

“Esto ante el conocimiento de que los mismos (recursos) posiblemente tienen una procedencia ilícita, como resultado de las conductas delictivas de narcotráfico a las que se dedica el grupo criminal Cártel de Sinaloa, del que es líder Ismael Zambada García”.

Dentro de la investigación de la Unidad, la cual ya quedó sin efectos, se señala que López Hernández recibió cantidades de dinero elevadas de parte de Modesta Zambada García, la hermana mayor de “El Mayo”, “desconociéndose el origen de estos”.

También se precisa que corrió mucho efectivo que se etiquetaron bajo el concepto de “juegos con apuestas, concursos y sorteos”.

Luego la UIF presentó una relación de operaciones en dólares y moneda nacional que realizaron estas empresas, pero en el expediente la información fue testada por tratarse de datos personales. En cambio, se advierte que en el 2018 se le registró a Ramón Florencio tres operaciones de un millón de pesos, que no fueron declarados ante el SAT y además el principal argumento de la UIF es que el ex funcionario no tiene declaraciones impuestarias.

Del 2016 al 2019, se le encontraron 81 depósitos de cheques interbancarios, las cuales la UIF defendió que resultaban irregulares.

La defensa

En su defensa, López Hernández señaló que dichos depósitos fueron posible por su encargo como servidor público y además como trabajo de asesorías jurídicas que realizó.

Fue así como en el primer fallo de diciembre de 2020, el juez no le dio la razón al universitario, pero recurrió la resolución ante los tribunales colegiados que en un principio no emitieron un fallo definitivo.

Fue este octubre cuando ya se le otorgó el amparo y en que el Banco Santander desbloqueó sus cuentas bancarias, bajo el argumento de que la UIF no comprobó en la aportación de evidencia que el recurso depositado provenga de operaciones ilícitas, máxime si la FGR no cuenta con una carpeta de investigación activa en su contra.

Ramón Florencio fue director de Recursos Humanos desde 2008 en la administración rectoral de Héctor Melesio Cuén Ojeda y hasta que llegó Jesús Madueña Molina como dirigente de la casa rosalina, presentó su jubilación. Hoy ha quedado libre “de polvo y paja” del seguimiento que le hizo la UIF por sus supuestas relaciones no comprobadas.