Culiacán, Sin.- Desde la conducción de autos robados hasta la escolta de presuntos líderes del crimen organizado, los casos de funcionarios pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa han salido a relucir este año, sobre todo en el contexto del conflicto en el Cártel de Sinaloa.
Esta problemática ha causado inquietud en la sociedad civil, que considera necesario realizar una depuración en la corporación, con la finalidad de que sean los agentes de bien quienes tomen el volante en la procuración de justicia del estado.
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Los escoltas
Ismael “El Mayo” Zambada García fue secuestrado y llevado a Estados Unidos el 25 de julio pasado. Una semana después, el presunto cofundador del Cártel de Sinaloa hizo pública una carta en la que revelaba detalles sobre cómo fue privado de la libertad y entregado a las autoridades del país vecino.
En el texto, “El Mayo” también reclamó la desaparición de dos hombres que lo escoltaban: José Rosario Heras López, comandante de la Policía de Investigación, antes Ministerial, y Rodolfo Chaidez, quien había formado parte de la extinta Procuraduría de Justicia Estatal, hoy Fiscalía.
La controversia en medios de comunicación emergió al instante, al destacar que el anillo de seguridad del supuesto capo del narcotráfico estaba conformado por un agente activo y un exagente de la corporación que no ha sido sometida a revisión de sus controles de confianza.
En su defensa, la entonces Fiscalía argumentó que Rosario Heras estaba en periodo vacacional y que se desconocían los vínculos que tenía con “El Mayo”. Ismael relató en su carta que un grupo delictivo opositor privó de la libertad a estos dos hombres, de los cuales hasta el momento se desconoce su paradero.
Pero este no sería el único hecho controversial surgido tras la carta de Zambada.
Montaje de un homicidio
El mismo día que Ismael fue privado de la libertad, Héctor Melesio Cuen Ojeda fue asesinado. El presunto capo aclaró que el fundador del Partido Sinaloense fue asesinado en Huertos del Pedregal, un dato que no coincidía con la versión de la FGE.
Según lo informado por la entonces fiscal general, Sara Bruna Quiñónez Estrada, Cuen había sido asesinado en un intento de robo de vehículo en una gasolinera al norte de Culiacán, teoría que fue desmentida por la FGR, que incluso inició una investigación al personal de la FGE.
La actual fiscal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, afirmó que no hubo ningún montaje en las primeras indagaciones sobre la muerte del político sinaloense, y señaló que esa versión surgió de un testimonio hecho por un testigo presencial.
Aunque la FGR determinó que se investigaría a los agentes responsables de las indagaciones, no ha habido avances en este asunto, ni se han retractado de las acusaciones de manipulación de los datos de prueba.
In fraganti
El último incidente registrado que involucró a un agente de la FGE fue el arresto de un jefe policiaco por parte de la Guardia Nacional en Culiacán, quien conducía una camioneta con reporte de robo, una Jeep gris modelo reciente.
Por esta situación, fue llevado ante el juez bajo los cargos de conducir una unidad robada con agravantes. El funcionario se identificó como Luis Alberto N., Coordinador de Análisis Táctico de la Unidad Modelo de Investigación Judicial desde hace casi 20 años.
El Ministerio Público indicó que intentó huir de las autoridades y logró escapar por varias calles en la camioneta robada, pero finalmente fue detenido en la colonia Gabriel Leyva. Trató de sobornar a los guardias nacionales y quiso “charolear” diciendo que trabajaba en la FGE.
Finalmente, fue detenido y vinculado a proceso por el delito del cual se le acusó, quedando en prisión preventiva.
Se necesita depurar
“Estos incidentes no tendrían por qué manchar a la corporación”, comentó Javier Llausas Magaña, presidente de la asociación civil Construyendo Espacios para la Paz, quien consideró necesario que haya una evaluación a los agentes de la FGE, como la que recientemente se hizo en la Policía Municipal de Culiacán.
En esta última, 12 policías resultaron no aptos para su labor al reprobar los exámenes de control y confianza.
“La gente cree que una depuración significa que toda la corporación está podrida y no es así; se hacen para que los malos agentes no opaquen el trabajo de los buenos policías”, comentó.
Por lo pronto, las autoridades no se han pronunciado respecto a si se realizarán exámenes de confianza.
