Culiacán, Sin.-Después de estar casada durante 8 años y tener dos hijos de su matrimonio, Vanessa se divorció y ahora busca juntar pruebas para denunciar a su expareja, ya que no se ha hecho cargo de la manutención de sus hijos.

“Cada quincena es estar persiguiéndolo. Yo tengo mi trabajo, pero me es difícil solventar los gastos de mis hijos; por eso quiero denunciarlo penalmente”, declaró.

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Según datos de la Fiscalía General del Estado, se ha registrado un aumento exponencial en las denuncias penales contra deudores alimentarios. Sin embargo, las sentencias condenatorias han ido en declive y las mujeres buscan otras formas de hacer justicia.

La deuda alimenticia está tipificada como delito en el Código Penal de Sinaloa. Los artículos 240 y 241 son los apartados donde se brindan las especificaciones sobre esta falta a la ley; cabe aclarar que incurrir en dicho ilícito no amerita cárcel.

Los números

Según las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, del 2022 al 2023 hubo un aumento del 40% en las denuncias interpuestas por este delito. Mientras que en el primer lapso se registraron 158 denuncias, para el siguiente año fueron 221. Respecto al 2024, hasta el mes de agosto se tenían registradas 173.

La FGE tiene registrado que 2016 fue el año en el que se interpusieron más querellas, un total de 244. En cuanto a carpetas judicializadas, en 2023 el 33% fueron presentadas ante un juez, siendo un total de 74.

A pesar de que las denuncias han ido en aumento, el número de sentencias condenatorias es bajo. El año en el cual se fincaron más condenas a los indiciados fue en 2015, con un total de 35. En los últimos tres años solo se registra una sentencia anual.

Para el Colectivo Ley Sabina, la reducción en condenas es una muestra de cómo, a pesar de estar tipificado como delito, aún no hay una persecución eficaz de los infractores, que se evaden sin cumplir con sus obligaciones con sus hijos.

Transgresores escurridizos

Un juicio penal por pensión alimenticia suele durar años y costar dinero para las víctimas. Al no ser un delito de atención urgente por parte de las autoridades, los infractores suelen evadir la justicia, simplemente cambiándose de domicilio o ciudad, detalló Deneb Guzmán, integrante de la Colectiva Nacional Ley Sabina y Ley Sabina Sinaloa.

“Lo más grave es que el 70% de los hombres que dejan a su familia y no cumplen sus obligaciones, dejan a las madres con deudas. Estas van desde muebles hasta automóviles, y por lo regular los bienes siempre son robados por ellos y las deudas quedan a nombre de la madre”, añadió.

Para la activista, la legislación que existe en el estado y a nivel nacional es ineficiente, por lo que las víctimas han recurrido a otras formas de acceder a la justicia, siendo la principal realizar tendederos de deudores alimentarios.

Deudores expuestos

Deneb es originaria de Oaxaca, donde en 2021 se originó el movimiento de mujeres que deciden exponer a los padres de sus hijos que no cumplen con la obligación de solventar los gastos alimentarios.

Posteriormente, surgieron movimientos en distintos estados, hasta que actualmente hay 32 páginas en redes sociales, una por cada estado, que difunden las imágenes y casos de hombres que no cumplen con sus obligaciones.

“Los tendederos surgieron como una manera de hacer justicia. En la mayoría de los casos, después de que se expone a los deudores, ellos contactan a las madres para ponerse al corriente”, explicó.

Después de establecer una red de mujeres que se apoyan en Oaxaca, la activista se mudó a Sinaloa, donde se ha encargado de participar con otras integrantes del colectivo para fomentar esta actividad.

“Esta es la última instancia a la que recurrimos, ya que vemos que no hay un acceso a la justicia real, y el padrón de deudores que prometieron no existe”, comentó.

Padrón inconcluso

En mayo de 2023, los legisladores federales aprobaron la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, en donde se expondría a los deudores. Aunado a esto, las sentencias incluirían que los condenados no podrían tramitar algunos documentos, como licencias de conducir o pasaportes.

Ese mismo mes, Sinaloa aprobó en su Congreso la minuta. Sin embargo, hasta la fecha no hay una acción precisa en torno a lo establecido y aprobado, señaló la activista.

“En los recorridos que hemos hecho, si acaso vemos una hoja pegada en una pared de los juzgados, pero hasta ahí llega, y nosotros exigimos que sea digital y público”.

A pesar de las deficiencias en el combate a este ilícito, Deneb recomienda a las víctimas denunciar para que quede el antecedente, con la esperanza de que se realicen las reformas competentes y que las acciones sean eficaces.