Mayoría del Congreso va por destitución de Estrada

Apenas inicia el proceso de juicio político y el alcalde de Culiacán tendrá que dar sus alegatos

Irene Medrano Villanueva | El Sol de Sinaloa

  · lunes 2 de mayo de 2022

El alcalde y el gobernador Rubén Rocha se saludan durante un evento oficial. Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Culiacán

Culiacán, Sin.- En este momento apenas empieza el proceso de juicio político contra Estrada Ferreiro. El 22 de abril el pleno acordó iniciar el juicio, luego el jueves 28 el presidente municipal fue notificado formalmente el inicio del juicio político en su contra.

A Estrada Ferreiro se le notificó el acuerdo del congreso y las dos solicitudes que aprobó primeramente la Comisión de gobernación y luego el Pleno, de las cuatro que se presentaron ante el Poder Legislativo.

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Esto implica que Jesús Estrada Ferreiro tiene siete días hábiles para comparecer ante la Comisión Instructora a ese juicio, es decir, que para el lunes nueve de mayo vence el término que se le dio.

Estrada Ferreiro tendrá que comparecer para ofrecer pruebas, presentar alegatos y argumentar lo que él considere conveniente, lo puede hacer por él mismo, es decir, podrá acudir personalmente o lo puede hacer por escrito.

Sin embargo, los legisladores consideran que va a ser por escrito porque es más fácil redactar y organizar sus alegatos para que no se le vayan a pasar detalles.

EL 10 DE MAYO COMISIÓN INSTRUCTORA CIERRA EL PROCESO DE PRUEBA

Así para el diez de mayo, la Comisión Instructora tendría cerrado el proceso de pruebas y posteriormente, en cualquier momento, una vez que se valoren las pruebas, pudiera emitir un dictamen en un sentido o en otro.

La Comisión revisará las pruebas que aporte el alcalde y obviamente las consideraciones de las pruebas que ofrecieron quienes solicitaron el juicio político.

Ese es el procedimiento, el camino que en este momento va corriendo el tiempo para que Estrada aporte o concurra al Congreso a presentar sus alegatos.

Alegando “confidencialidad”, diputados no quieren externar sus puntos de vista, sin embargo, en cortito, ellos mismos hacen sus propias conjeturas, al asegurar que la única consecuencia del juicio de procedencia, es la destitución.

“No hay más. Aquí la única consecuencia que puede determinar la Comisión Instructora es la procedencia, se turna al pleno y éste es el que decide, y la mayoría está por destituirlo”, aseguran.

DIPUTADOS GUARDAN SILENCIO

Así para que Jesús Estrada Ferreiro sea destituido se requiere de una mayoría calificada, es decir, 21 votos a favor y hasta el momento hay 32 votos que están a favor y ocho en contra.

Esto es en cuanto al proceso que hay en el Congreso del estado, sin embargo, la gente se pregunta, por qué es el juicio político, que procedimiento jurídico que tenga sustento como para retirarle el fuero y empezarle un proceso a Estrada Ferreiro y esa pregunta queda sin contestar por los diputados por la secrecía de “confidencialidad”.

Anteriormente los juicios políticos se utilizaban para quitarle el fuero a una persona que iba a empezar un proceso jurídico que tenía abierto en su contra y que el fuero Constitucional no lo protegiera, como fue el último desafuero en el 2002 que hizo el congreso del estado contra el alcalde de Mazatlán, Jorge Alberto Rodríguez Pasos.

En ese entonces, el presidente municipal golpeó a su esposa a tal grado de que la mandó la hospital, ella lo demandó ante las autoridades correspondientes y el Congreso estatal aprobó su desafuero para enfrentar el juicio que concluyó con una sentencia a cinco meses de prisión y el pago de una multa por mil 417 pesos.

Los diputados no saben o no quieren contestar cuál es el proceso jurídico que está abierto en contra del alcalde de Culiacán como para que se le siga el proceso de procedencia que es la destitución o el desafuero porque en los distintos juzgados de Culiacán, no existe un procedimiento abierto en contra de Estrada Ferreiro.

Se les ha interrogado a los legisladores si el juicio que se le sigue es penal, mercantil, laboral, político porque hasta el momento no se ha dicho nada al respecto y lo que contestan los legisladores es “no podemos hablar” porque “guardan la confidencialidad”.