Culiacán, Sin. En el tema del combate del lavado de activos en México, por parte de la unidad especializada de la Procuraduría General de la Republica, hace falta se especialicen en la materia para aumentar el número de casos sancionados, reconoció, Gustavo Vega.
El integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comentó que de acuerdo a las recomendaciones que solicitó el Grupo de Acción Financiera (Gafi), la PGR tienen que aplicar un protocolo para perseguir el delito del lavado de activos, en el que se establezca los procedimientos de la investigación.
En su ponencia como parte del primer congreso internacional en prevención de lavados de activos, sin precisar cantidades, mencionó que la cifra de acciones penales y condenas por casos de lavado de dinero es muy baja en el país.
Sumado a que por la posibilidad que se tiene de manera jurídica, el lavado de dinero tiene que ser perseguido como un delito autónomo, en el que, con el nuevo código penal, el ilícito puede ser combatido sin necesidad de demostrar cual es el delito que lo generó.
Además de que no se tiene que tener una sentencia condenatoria del delito predicado para poder investigarlo, aspectos que hace falta que los funcionarios estén conscientes de las acciones que pueden implementar.
Mencionó que en la mayor parte de los países se cuenta con jueces especializados en el lavado de activos, tema que en México aún hace falta y que se tiene que sensibilizar en el poder judicial.
El Gafi detectó que no se persigue el decomiso del producto y de los instrumentos del delito en forma sistemática como un objetivo de política nacional, la cual no es proporcional a los riesgos del lavado de activos.
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Al pertenecer México en diversos comités del Grupo de Acción Financiera (Gafi) a nivel internacional, cada año presentan informes de los avances que se tiene, los cuales son analizados y se emiten recomendaciones, en este año, los temas principales abordados fueron avances en la normativa en lo financiero.
En temas como aplicación de nuevas tecnologías, transferencias electrónicas, cooperación internacional, controles internos, filiales y subsidiarias, transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, entre otros.
Como parte de las mejoras normativas que se solicitó a México destacan la coordinación para el intercambio de información, la actividad vulnerable mediante fideicomisos, aplicar nuevos delitos penales y facultades proactivas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que el tema del lavado de activos es fundamental en la actual administración federal, en el que se busca dejar de enriquecer al crimen organizado.
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