Culiacán, Sin.- Técnicamente no es obligatorio para los Congresos estatales como es particularmente el de Sinaloa incluir el matrimonio igualitario en sus legislaciones a partir de la exhortación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó Ingrid Tapia Gutiérrez y si se aprueba dijo, “no pasa nada”.

Especialista en familia, derecho constitucional, asesora parlamentaria y que estuvo en el Congreso del estado invitada por un grupo de interreligiosos para disertar “Constitucionalidad y Justicia del Matrimonio Civil por un Estado Laico”, en el Foro que organizó el Congreso del Estado en entrevista con El Sol de Sinaloa aclaró que si se llegara a aprobar el matrimonio igualitario en el estado, la comunidad LGBTTTIQ seguirá siendo discriminada.

La defensora de la familia se pronunció por resguardar la institución del matrimonio, al asegurar que “el matrimonio es una institución jurídica para normar las relaciones de familia, no de pareja”.

El problema, aclaró, es que en los últimos años no solo por razón de matrimonio igualitario, sino por la admisión del divorcio encauzado, es decir el divorcio exprés ha despojado al matrimonio de su contenido institucional y lo que se ha hecho es bajarlo en el ramo de importancia del sistema legal a una institución contractual”.

El matrimonio, reiteró Tapia Gutiérrez, no es un contrato para regular las relaciones de pareja como equivocadamente afirman muchísimas gentes ignorantes. Cuando se le quita ese carácter de institución reguladora de la familia para convertirlo en asuntos de parejas lo que se está haciendo es dejarlo en estado de indefensión a la mayoría de miembros de las familias que por su estado de desarrollo suelen estar en condiciones de vulnerabilidad y de dependencia como es el caso de niños, durante la crianza temprana.

Personalmente considero que es muy mala idea denostar a la institución de la familia, especialmente en un país corrupto y pobre como el nuestro con más de 70 millones de pobres y esa mayoría lo único que tienen de respaldo para hacer frente a sus necesidades urgentes y cotidianas es su familia.

NO PASA NADA

-¿Qué pasará si en Sinaloa se llegara a aprobar el matrimonio igualitario?

-Nada. Eso lo vemos en otros estados donde nada ha pasado. En otros países esta lucha de la comunidad LGBTTTIQ sí genera enormes beneficios para la comunidad porque de la existencia del matrimonio se deriva el conjunto de prestaciones que han reclamado históricamente por más de seis décadas y que además se han quejado de ser discriminados y con muchísima razón.

Tapia Gutiérrez insistió que en el sistema jurídico mexicano no se han dado esos beneficios, ahora con la 4T hace poco el senado hizo una modificación al permitir que se abriera el sistema de seguridad social a las parejas de condición diversa, después de diez años de que el matrimonio igualitario se aprobó en la ciudad de México.

-¿Al aprobarse en Sinaloa, éstas parejas obtienen beneficios inmediatos?

-No, quien piense así es falso porque el matrimonio es una norma de carácter local en todo el territorio nacional, dependen de los congresos, por eso estamos discutiendo aquí ese tema, porque hay materias de seguridad que son federales, igual que el tema de migración, es federal, no local.

Entonces, añade, esta idea de que por el solo hecho de permitirle a la comunidad la celebración del matrimonio va a resolver sus problemas de discriminación es falsa.

“No lo resuelve ni en el orden legal, mucho menos en el social, es como la ley que se aprobó para erradicar la violencia contra las mujeres, eso no existe, las mujeres siguen siendo violentadas con todo y ley”, indicó.

LA FAMILIA

Dijo que el matrimonio igualitario vulnera a la familia en forma directa sino a la institución jurídica que regula a la familia que es el matrimonio porque la saca de una institución para convertirla en un contrato.

“En el mundo de lo jurídico hay acto, negocio, contrato e institución, así expresa cualquier país sus leyes y nosotros insistimos que el matrimonio no es una institución para normar las relaciones de pareja, porque las personas capaces y adultas no necesitan del estado para regular las relaciones de pareja.”

Explicó que la relación de parejas heterosexuales existe la presencia de hijos y consecuentemente la obligación de dar alimentos y el derecho recíproco de heredar y consecuentemente las eximentes y agravantes de responsabilidades de material penal, por eso, si se le despoja a la institución jurídica todo lo concerniente a la presencia de hijos comunes para llevarla a un mero tema de contrato se está dañando la institución y consecuentemente se está desprotegiendo a todas las familias.

“Los heterosexuales lo que quieren es que se deje a la institución como está porque les es útil, la comunidad LGBTTTIQ, precisamente por eso, porque también les es útil”, indicó.

El problema en Sinaloa es que este proceso de denostación de la institución jurídica ha avanzado y ha avanzado desde el momento que se aprobó el matrimonio encauzado –exprés–, ya no hay causales de divorcio.

LIMITANTES EN SINALOA

Al hablar de la competencia de los congresos locales, explicó que éstos tienen plena libertad para configurar a la institución porque está inscrito en los diferentes códigos civiles de los estados y por la división de poderes, por lo tanto es falso que sea la Corte de Justicia la que mandate al emitir un fallo vinculante a los estados para que introdujeran en su legislación el matrimonio igualitario.

“Los congresos de los estados tienen plena libertad para configurar la institución, justo por eso, la Suprema Corte no puede mandatar a un congreso local que regule una determinada institución de determinada manera porque es competencia de los congresos”.

Dijo que el matrimonio igualitario es y ha sido viable para algunas entidades, pero lo importante es quién debe de decidir si se pone en la legislación de un estado, la corte, el presidente de la república, diputados y senadores federales, la respuesta es no le corresponde, aclaró, es al congreso local y debe de legislar con lo que quiere la población.

Dos posturas existen sobre el debate para legislar y aprobar el matrimonio igualitario.