Culiacán, Sin.- Durante la última Sesión Permanente del Consejo Universitario que se realizó vía zoom, el rector Jesús Madueña Molina dio a conocer que a la máxima casa de estudios le fue concedida por la autoridad judicial federal la suspensión provisional “para que se impidan los efectos y consecuencias de las normas reclamadas”.
Robespierre Lizárraga Otero, abogado general de la UAS, señaló que la resolución del juez concluyó la procedencia de la suspensión provisional de las normas del Artículo 3ro Párrafo III y IV, Artículo 51 fracción VIII y Artículo 59 a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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Lo anterior significa que, como institución, se encuentra protegida ante la aplicación de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, respetando su defensa ante la autonomía universitaria.
“Como pueden ver, compañeros universitarios, los tribunales le siguen dando la razón a la Universidad Autónoma de Sinaloa, independientemente del tema mediático que han querido generar para provocar desinformación en la comunidad del estado de Sinaloa, la Universidad sigue teniendo la razón ante tribunales”, expresó el rector.
De la misma forma, enfatizó que se seguirán interponiendo amparos y realizarán un seguimiento a los que están en las diferentes salas, así como a las suspensiones provisionales ya otorgadas.
Amparos
Lizárraga Otero informó que en la zona norte se tienen 14 amparos interpuestos, de los cuales 5 han sido admitidos y el resto están en aclaración; en Culiacán hay 25 amparos, incluido el de la institución, la mayoría admitidos, 2 han sido desechados y en 2 se otorgó suspensión provisional respecto al Artículo 59.
A su vez, en la zona sur se han tramitado 14 amparos de los cuales se otorgaron 4 suspensiones en términos generales, es decir, en todos los artículos, párrafos y fracciones antes señalados, y una suspensión para el Artículo 59, de tal forma que se tienen 5 suspensiones provisionales relativas a todos los artículos.
Estos amparos tienen el propósito de evitar cuestiones como las consultas al interior de la universidad por parte del Congreso del Estado para reformar la Ley Orgánica, burocratizar los recursos, ya que se pretende que estén sujetos a la voluntad de la Sepyc, y que los programas educativos no sean aprobados por ésta última, pues viola la libertad de cátedra.
“Es un compromiso con el pueblo de Sinaloa de que vamos a seguir trabajando para tener una Universidad pertinente, con sentido social y una Universidad que le sirva a los sectores productivos”, finalizó Madueña Molina.