Culiacán, Sin.- En octubre de 2020, el Ayuntamiento de Culiacán bajo el liderazgo de Jesús Estrada Ferreiro otorgó un contrato un poco desventajoso para las finanzas públicas del municipio, con el que se arrendaron 40 camiones recolectores de basura por un monto de 117 millones 600 mil pesos, lo que revela que cada unidad le cuesta a los contribuyentes culiacanenses 98 mil pesos mensuales.
Es decir, en los 30 meses que durará este convenio, hasta abril de 2023, el Municipio de Culiacán erogará 2 millones 940 mil pesos por cada unidad del servicio público de basura.
Sin embargo, al revisar el costo nuevo de estos vehículos con diversas empresas, se tiene que en el mercado nacional tienen un costo que oscilan entre los 2 millones y 2 millones 300 mil pesos, por lo que el alcalde firmó un contrato por el que estarían pagando hasta entre 940 mil y 640 mil pesos más de un costo medio.
Incluso, cinco meses después de signar el documento con la empresa Grupo Ketzer SA de CV, el Ayuntamiento compró seis unidades nuevas con un costo de un millón 900 mil pesos aproximadamente, lo cual describe que sí se pagará más por rentar los 40 vehículos, pues al final la empresa sigue siendo la dueña de estas unidades.
Por si fuera poco, este contrato se hizo sin realizar una licitación pública de por medio, y sin justificar de manera legal por qué se le otorgó este beneficio a la empresa Grupo Ketzer SA de CV mediante adjudicación directa.
En el documento, proporcionado por el regidor del PAN, Sadol Osorio Porras, señala que fue el 17 de julio de 2020 cuando el Comité de Adquisiciones de la Comuna elaboró un acta de autorización para no realizar la licitación pública y que fue el cabildo, con fecha del 11 de septiembre, quien avaló esta situación, sin invocar el articulado correspondiente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles de Sinaloa.
Dicha Ley permite no licitar un contrato bajo ciertos supuestos y esquemas, pero siempre invocando la excepción a través del articulado legal, cosa de la que carece esta millonaria contratación.
En el convenio número CLN-AN-021-2020 no se precisan los motivos normativos por los cuales la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Culiacán obvió la licitación de carácter público.
Por el contrario, el contrato CLN-LCP-01-2021, del mes de marzo pasado, advierte que en esa ocasión la Comuna sí hizo licitación para la compra de cuatro unidades recolectoras más y dos pipas de distribución de agua a comunidades, con la empresa Remolques y Plataformas Toluca Sa de Cv, el cual tuvo un costo de 11 millones 493 mil 280 millones, lo que da que cada vehículo pudo costar alrededor de 2 millones de pesos.
UNA EMPRESA MARCADA POR LA SOSPECHA
A estas presuntas irregularidades en esta adjudicación directa además se suman observaciones a la empresa Grupo Ketzer SA de CV, la cual oficialmente tiene dirección en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Según una ficha con fecha del 14 de diciembre, el acta constitutiva de Grupo Ketzer da su domicilio calle 12ª pte, nte, 183-A, El Magueyito, Tuxtla, cuando en ese domicilio existe en realidad el negocio: “Gorditas Carrasco.”
Sin embargo, en el contrato con el Ayuntamiento de Culiacán se menciona que su dirección es Ave. Ita. Norte Poniente 2498 colonia Santa Mónica, código postal 29030, en Tuxtla, pero al revisarte este lugar se encontró que en ese punto hay una Farmacia Guadalajara.
El fedatario que protocolizó a Grupo Ketzer, como dato circunstancial, aparece en el reportaje de La Estafa Maestra, el cual reveló cómo desde el gobierno federal con Enrique Peña Nieto se crearon empresas fantasmas para asignarles recursos públicos que sencillamente desaparecieron.
Otro dato que destaca en el contrato con el Municipio de Culiacán es que al final del periodo de 30 meses, el Ayuntamiento podrá decidir si compra de manera definitiva estos equipos de recolección, sin embargo, de hacerlo así, estaría adquirieron vehículos viejos con una antigüedad de casi tres años.
En caso de no manifestar su interés de compra antes de abril de 2023, la empresa podrá recoger como suyas las unidades una vez vencido la fecha del convenio.
¿QUÉ ES LEONINO?
“Contrato leonino” es la expresión coloquial para calificar un contrato considerado en términos legales como abusivo, en el que una de las partes obtiene ventajas exageradamente mayores a las de sus contrapartes.
98, 000
Pesos mensuales cuesta el arrendamiento da cada una de las 40 unidades.
30
Son los meses del plazo forzoso en el que se pagarán 117 millones 600 mil pesos.
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