Culiacán, Sin.- En julio del 2017, meses después de la fuga de cinco reos de alto perfil del Cártel de Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado comenzó la gestión de dos módulos nuevos de seguridad para contener a internos de alta peligrosidad, pero hoy años después las autoridades aseguran que el Centro Penitenciario de Aguaruto está rebasado.
En un lapso de dos años, la administración de Quirino Ordaz Coppel invirtió un total de 76 millones de pesos para la construcción de estos módulos que tendrían todo un sistema de seguridad para, ahora sí, evitar fugas y contener la corrupción.
Pero a tres años de iniciar operaciones estas áreas que se supone tienen protocolos de seguridad de primer orden, tanto el gobernador Rubén Rocha Moya y Cristóbal Castañeda Camarillo señalan que es un reclusorio obsoleto, incluso este último declaró que si por ellos fueran ya lo hubieran cerrado.
El jefe del Ejecutivo declaró que ya pidió al gobierno federal un nuevo penal para Culiacán, pero hasta ahora no se ha puesto en entredicho la inversión de estas decenas de millones, entregadas a una constructora señalada por la ASE de recibir contratos poco claros durante la administración de Ordaz Coppel.
¿En qué quedaron los 76 mdp?
"Son celdas que dan cierto confort, van a tener aire acondicionado (los internos), van a tener condiciones de habitabilidad necesaria”, contó en aquel momento Castañeda Camarillo, al vender la idea a los medios sobre lo necesario de esta millonaria inversión.
Los contratos de construcción de estos módulos especiales fueron otorgados por adjudicación directa a la empresa P&M Construcción y Urbanización SA de CV, bajo el argumento legal de que era imposible licitar debido a cuestiones de seguridad.
El primer contrato de 41 millones 183 mil pesos fue para la construcción del módulo de máxima seguridad, cuyas celdas contarían con cámaras de vigilancia 24/7, y cuyas puertas tenían claves cifradas que impedían abrirlas incluso para el personal de custodia. Todo un protocolo de seguridad para que no ingresen armas y menos se puedan escapar los reos.
Esta área comenzó a funcionar en febrero de 2018, pero para el 29 de julio del mismo año se fugaron de este módulo Julián Grimaldi Paredes, un operador del Cártel de Sinaloa, junto con Carlos Salmón Higuera, El Macaco, pistolero de los Beltrán Leyva.
Los dos fueron sacados por un jefe de custodios que les entregó uniformes para abrirles todas y cada una de las puertas. El módulo de máxima seguridad no estaba blindado ante el poder del dinero.
Ante esto, Castañeda defendió en aquel entonces:
“Las medidas tecnológicas y mecánicas están, nos falta avanzar en el tema del factor humano, realmente hubo elementos que faltos de toda ética y toda conciencia para con la sociedad sinaloense son los que le facilitaron la salida”, indicó sobre la fuga de Grimaldi y El Macaco.
El segundo contrato fue de 34 millones de pesos y se calificó al módulo como de "mediana seguridad", el cual tendría capacidad para albergar a más de 200 internos.
Otro de los defensores de esta inversión millonaria fue el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel, pues fue cuestionado sobre su funcionalidad.
"Sí funciona", dijo e invitó a los reporteros a hacer un recorrido por los nuevos módulos de seguridad que fueron vendidos a la opinión pública como la solución al autogobierno, a la corrupción importante y la violencia endémica de sus sórdidas barracas en dónde han Sido asesinados algunos reos".
Sin embargo, ahora el gobernador Rubén Rocha y su secretario de Seguridad transexual proponen que es necesario tener un nuevo penal en Culiacán, aunque en los hechos Sinaloa tiene ya el penal federal de máxima seguridad de Guasave de, donde nunca ha escapado nadie y que es gestionado por el gobierno federal.
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