Culiacán, Sin. -De acuerdo al diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las prisiones de Sinaloa registran autogobierno, falta de normatividad, hacinamiento y violación a los derechos humanos.
Las cuatro prisiones de la entidad reprobaron la evaluación del 2022 sobre las condiciones de gobernabilidad, para garantizar una estancia digna, la reinserción social, y las condiciones de los grupos con necesidades especificas como adultos mayores, personas con discapacidad, población LGBT o personas con VIH.
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Los centros penitenciarios de Aguaruto, Goros, El Castillo y Angostura tienen una capacidad máxima para 6 mil 839 personas privadas de la libertad, 6 mil 373 hombres y 466 mujeres, al cierre del 2022 las cuatro prisiones de Sinaloa registraron una población de 4 mi 209 procesados.
Ninguna de las prisiones de Sinaloa alcanzó un puntaje de 6.5, la prisión El Castillo registró el puntaje más alto con 6.32 puntos, le sigue la prisión Goros con 6.22 puntos, en tercer lugar se encuentra el centro penitenciario de Aguaruto, el más grande de la entidad, con 6.16 puntos y al final, el centro de la región del Evora, en Angostura con solo 6 puntos en la evaluación.
Durante la supervisión en los centros penitenciarios se detectó que al interior de éstos se realizan actividades ilícitas, que hay grupos de autogobierno y cogobierno, y que carecen de normatividad que rija al centro, como reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables.
Así mismo se detectaron múltiples factores que impiden garantizar una estancia digna, como la inexistencia de condiciones y materiales de higiene en la cocina, comedor y área médica. También se encontró que no hay vías para prevenir o remitir violaciones de derechos humanos, además de programas de atención de incidentes violentos.
En cuanto a la reinserción social se encontró que en los centros penitenciarios de Sinaloa hay una deficiente integración de los expedientes técnico-jurídico, una incorrecta separación entre las personas procesadas y sentenciadas, además de una inadecuada organización y registro en el cumplimiento de actividades.