Culiacán, Sin. - Imponer tres años de cárcel y de cien a 500 días de multa al servidor público que en el ejercicio de sus funciones designe en cargos públicos a parientes del primero al cuarto grado de consanguinidad, además que adjudique en los procesos de licitación, cotización o compra directa de la administración pública a empresas donde alguno de los socios o propietarios sea pariente hasta el cuarto grado del servidor público.
La iniciativa que presentó la diputada sin partido, Karla Montero Alatorre propone adicionar el artículo 300 bis al Código Penal para el Estado de Sinaloa, “para que estas prácticas no sean sancionadas administrativamente solo con una amonestación o inhabilitación, como lo establecen los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia, sino de forma penal e incluir la figura del nepotismo en el Código Penal para el estado de Sinaloa”.
El nepotismo, dijo la diputada, no es más que la prebenda a familiares en donde podrán tener acceso a puestos públicos e incluso a financiamiento, por lo que se puede constituir en una forma de corruptela política.
“Lamentablemente esta práctica ha sido una constante que ha dejado a un lado el servicio de carrera dentro de la administración pública local, estatal y federal, ya que los logros, méritos académicos y de experiencia con que cuentan las y los profesionales en materias específicas para ejercer de forma idónea cargos en la administración pública han quedado injustamente rezagados”, indicó.
En nuestro país, añadió, la credibilidad en las instituciones de los tres niveles de gobierno, ha decaído en los últimos años, debido entre otras causas a la falta de impartición de justicia y a una mal percepción de equidad e igualdad en la representación popular de los funcionarios públicos y legisladores tanto en el ámbito local como federal.
Montero Alatorre indicó que esa percepción ciudadana se debe al beneficio desmedido de algunos servidores públicos han realizado con familiares tanto consanguíneos como afines perjudicando la imparcialidad, la honradez, así como el funcionamiento ético del buen gobierno, de esta manera estas personas con parentesco, son privilegiadas por el funcionario público de mayor jerarquía, quien transgrede la ley arropando por el cargo institucional que representa.
Además de que, en muchos de los casos, los familiares que ingresan cuentan con poca o nula experiencia en la administración pública, actuando por ello con negligencia, que muchas veces perjudican la transparencia y credibilidad del cargo que ocupan, así como el notorio conflicto de intereses que generan con ello, la corrupción, por el nepotismo, dijo.
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