Culiacán, Sin. Ante la falta de cumplimiento de los sinaloenses que no han hecho caso a las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio del Covid-19 el grupo parlamentario del PRI propone que se apliquen castigos fuertes como cárcel de seis meses a dos años, sin considerar la opción de multa a quienes no acaten las medidas.
La diputada del PRI Elva Margarita Inzunza Valenzuela dijo que es preocupante que Sinaloa esté registrado entre los estados con mayor número de contagios en México por la pandemia de Coronavirus, todo por no obedecer las recomendaciones del sector salud.
El no cumplir estrictamente con las medidas preventivas recomendadas por las autoridades del sector salud, ha sido indudablemente una de las causas que ha provocado el incremento de contagios del COVID-19 en Sinaloa. Elva Margarita Inzunza Valenzuela
La legisladora anunció que, por esta situación, el Grupo Parlamentario del PRI presentará una iniciativa de reforma al Código Penal del estado, para sancionar a las personas que, sin causa justificada, no acaten las recomendaciones del sector salud, en situaciones de emergencia sanitaria como la que ahora vivimos.
Lamentó que las autoridades de salud han insistido en la sana distancia, el quédate en casa y la suspensión de actividades no esenciales, “pero no todas las personas han cumplido voluntariamente con dichas medidas”.
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Precisó que presentarán una iniciativa de reforma al artículo 316 del Código Penal, para sancionar a quienes se resistan o desobedezcan las recomendaciones preventivas ordenadas por la autoridad en una situación de emergencia sanitaria.
Inzunza Valenzuela precisó que en la iniciativa del grupo Parlamentario del PRI, se propone sancionar a quienes incurran en esta falta con una pena de prisión de 6 meses a 2 años, sin considerar la opción de la multa, debido a que con esta actitud se pone en riesgo la salud y la vida de las personas.
Sin embargo, aclaró que evidentemente aquí se deberán considerar las excepciones para las personas que, por causa justificada, deben salir de sus casas a trabajar, comprar alimentos o medicinas, para lo cual deberán acreditar tal situación.
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