Culiacán, Sin.- Desde hace años, cientos de familias se han visto en la obligación de desplazarse de su lugar de origen por diversas razones, destacando la violencia y aunque, existe un fondo estatal para vivienda, la última oportunidad que el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, tiene para dejar resultados es octubre de este año.
El defensor de derechos humanos, Oscar Loza Ochoa, comentó que en la última reunión que sostuvieron con autoridades estatales, el acuerdo fue aplicar 50 millones de pesos en vivienda correspondientes al presupuesto de este año y lo que faltaba de los 40 millones de pesos del 2020.
La planeación que se hizo fue que para octubre habrá entre 50 y 60 viviendas construidas en Choix, al ya tenerse incluido la adquisición de terreno. Para Culiacán, se está regularizando apenas un terreno cercano a Culiacancito.
En el caso de Mazatlán, se cuenta con un espacio para la construcción de alrededor de 40 casas cerca del Estero del Infiernillo y se regulariza un terreno en Villa Unión y en Concordia para la edificación de 50 casas.
Loza Ochoa, detalló que desde 2009 tienen un registro de las personas que forman parte del grupo de desplazados en el estado, con un aproximado de 48 mil ciudadanos.
Sin embargo, en el padrón oficial que gobierno del estado realiza en coordinación con la Universidad Autónoma de Occidente, la cifra es alrededor de mil 450 en la entidad federativa.
Los casos de desplazamiento más reciente son los habitantes de Tepuche, a quienes, el defensor de derechos humanos, considera no se ha documentado a la tercera parte que tuvieron que moverse por la violencia.
A la pregunta expresa de si las autoridades estatales siguen operando de una manera lenta para resolver la crítica situación, Loza Ochoa, afirmó que así es, al no haber credibilidad plena de este problema de desplazamiento interno.
De los diversos casos que han salido de las familias desplazadas de Tepuche, recordó el de un señor con cáncer avanzado que ocupaba quimioterapias para su tratamiento médico, quien perdió su poco ganado y que por parte de la Comisión de Derechos Humanos en Sinaloa han buscado apoyos.
Ante este panorama, esperan que gobierno atienda a estos grupos vulnerables antes de que finalice la actual administración de Ordaz Coppel, con quienes tendrán una próxima reunión después de las elecciones del seis de junio.
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