Culiacán, Sin. El Centro Empresarial de Sinaloa manifestó su “más profunda preocupación por el rechazo del Senado de la República a nuestras observaciones y propuestas presentadas sobre el dictamen de la reforma laboral aprobada el lunes pasado por la cámara alta”.
En conferencia de prensa, la presidenta en turno de este organismo empresarial, Edna Fong Payán, dijo que el sector que representa observa “algunos aspectos que ponen en franca desventaja en el proceso al patrón en cualquier litigio laboral, ya que éste tiene la obligación de probar hechos negativos, lo cual se configura como un absurdo procesal”.
La representante estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la reforma aprobada por el Senado afectará principalmente a las micros y pequeñas empresas, de las que resaltó que son las que generan nueve de cada 10 empleos formales que se tienen en el país, debido a que “no cuentan con estructuras ni modos de defensa, por lo que pueden ser condenadas injustamente en sentencias laborales por la imposición de cargas procesales inmoderadas”.
En este sentido invitó a los senadores a “rectificar algunos puntos de la reforma a las leyes en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva aprobadas el pasado lunes 29 de abril en la Cámara de Senadores.
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En particular precisó que el Centro Empresarial de Sinaloa “exhorta a los legisladores federales sinaloenses y a los senadores Imelda Castro Castro, Rubén Rocha Moya y Mario Zamora Gastélum, así como a los diputados Maximiliano Ruiz Arias, Carlos Iván Ayala Bobadida, Jesús Fernando García Hernández, Casimiro Zamora Valdez, Nancy Yadira Santiago Marcos, Olegaria Carrasco Macías y Merari Villegas Sánchez, a reconsiderar las observaciones y propuesta de la Coparmex”.
En particular expuso que se presentaron 10 puntos para que se tomaran en cuenta en la Cámara de Senadores, pero ninguno se tomó en cuenta, y vemos el peligro que hay tanto para las empresas y trabajadores.
Sintetizó que estas propuestas buscan conformar “un sistema de justicia laboral objetivo, equitativo y eficaz, que consolide las bases de la relación obrero-patronal en beneficio de nuestro país”.
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