Culiacán, Sin- Con 22 votos a favor y 17 votos en contra del dictamen, los diputados del Congreso del Estado no aprobaron la cuenta pública del Gobierno del Estado correspondiente al ejercicio fiscal del 2018.
En el informe técnico de la Auditoría Superior del Estado se recomendaba la aprobación de la cuenta pública, sin embargo, la Comisión de Fiscalización lo reprobó, mismo que subió al Pleno y éste fue ratificado por mayoría en medio de acusaciones entre morenistas, priistas y panistas.
La diputada del PRI, Mónica López, señaló que desde el grupo mayoritario solo se ha manifestado el desprecio y desacreditación absurda de la ASE, solo con el fin de mostrar su fuerza, rechazando un criterio técnico para sustituirlo por un criterio político y partidista ya que a todas luces, dijo, el posicionamiento de Morena al rechazar todas las cuentas públicas lo hacen con tintes políticos.
Asimismo, puntualizó que con estas decisiones, en las que se reprueban cuentas públicas cuando desde la ASE vienen en un sentido favorable, se convierte al legislativo en un campo de disputa absurda y Morena impulsa una guerra.
El diputado del PAN, Jorge Villalobos también advirtió que los de Morena actúan de manera política y les pidió a los morenistas “no sean tan atascados” en la presentación del dictamen elaboraron ellos mismos.
Por su parte, el diputado de Morena, Marco César Almaral, defendió que estas decisiones tomadas en la comisión de Fiscalización fueron adecuadas, ya que los entes fiscalizados no han solventado todas las observaciones.
Tanto el diputado Almaral como Marco Antonio Zazueta advirtieron que se actúa contra las irregularidades, además de que hubo omisiones por parte de la ASE, por ejemplo, en lo que fue la entrega de más de 11 millones de pesos para atender a damnificados por las lluvias, donde se compraron colchones inservibles y por parte del órgano autónomo no se señaló a nadie.
Las razones para rechazar este Informe General, aseveraron los diputados de Morena son diversas particularidades observadas como realizar obras millonarias sin que se hayan aprobado en el Presupuesto del 2018, el sobre ejercicio presupuestal de varias dependencias estatales, el exceso de gasto y la falta de seguimiento sobre diversas denuncias.
En las conclusiones técnicas del dictamen, la Comisión de Fiscalización precisa que en relación al análisis exigido en la disposición señalada, tampoco se analizó el impacto de la discrecional aplicación de recursos públicos.
Como ejemplo de ello cita la remodelación del estadio Teodoro Mariscal, en Mazatlán, en donde el Ejecutivo estatal invirtió 402 millones de pesos; la remodelación del estadio Emilio Ibarra, en Los Mochis, en el que invirtió otros 400 millones.
A la lista se suma la remodelación del estadio Dorados, en Culiacán, con una inversión de 58 millones 218 mil pesos, la construcción del estadio de futbol en Mazatlán, con una inversión de 652 millones, las obras del Parque Central Mazatlán, con una inversión de 208 millones, y la adquisición y remodelación del edificio Homex por 508 millones de pesos. Ninguna de estas inversiones estaba incluida en el presupuesto del Ejecutivo.
A ello se añade que derivado de los informes individuales del Poder Ejecutivo se observa que en las obligaciones a corto plazo, con créditos bancarios por dos mil 809 millones de pesos, no se acreditan necesidades de insuficiencia de liquidez.
De igual manera se señala el pago de 11 millones 252 mil 62 pesos con 96 centavos por concepto de la obra de Construcción de sistema de iluminación en Isla Venados, en el Municipio de Mazatlán, sin haber realizado dicha obra.
La entrega de 12 millones 996 mil pesos, a diversas organizaciones de productores agrícolas, no consignada en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de 2018, en términos de los artículos 39 y 41 de la misma ley.
En un apartado B del dictamen se da cuenta de exceso de gasto en diversas partidas y conceptos, según resultado de cuenta pública, en relación al Presupuesto aprobado al Poder Ejecutivo:
En un listado por dependencias, se indica que a la Oficina del Gobernador se le fijó un presupuesto de 30 millones 363 mil 890 pesos y terminó gastando 41 millones 323 mil 876 pesos.
A la Secretaría General de Gobierno se aprobaron 479 millones 463 mil 485 pesos y terminó gastando 642 millones 948 mil 763 pesos.
En esta secretaría en particular se advierte la desproporción entre lo autorizado y lo gastado en el caso de la Dirección de Asuntos Agrarios, que presupuestalmente tenía una partida 37 millones ,026 mil pesos, pero terminó ejerciendo 130 millones 711 mil pesos.
A la Secretaría de Administración y Finanzas se le fijó una partida de 834 millones 976 mil 951 pesos, y en los hechos ejerció mil 65 millones 554 mil pesos.
Se advierte la desproporción en la Dirección de Bienes y Suministros, que tenía asignada una partida de 25 millones 459 mil pesos y en realidad ejerció 153 millones 907 mil pesos.
La Dirección de Recursos Humanos tenía asignados 104 millones 846 mil pesos y en realidad ejerció 170 millones120 mil pesos.
En la Secretaría de Desarrollo Social se observa que en su Dirección de Participación Comunitaria se tenía asignada una partida de 2 millones 559 mil pesos y en realidad ejerció 16 millones 852 mil pesos.
En la Secretaría de Obras Públicas se observa que su Dirección de Infraestructura y Estudios de Factibilidad tenía una partida asignada de 1 millón 540 mil pesos y terminó ejerciendo mil 371 millones 332 mil pesos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública tenía presupuestado 496 millones 312 mil pesos y ejerció en los hechos mil 685 millones 589 mil pesos.
La Secretaría de Desarrollo Económico también gastó más de lo presupuestado a través de la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que debió haber ejercido 36 millones 461 mil 106 pesos, pero terminó gastan 428 millones 479 mil 236 pesos, y de la Dirección de promoción económica, que de 119 millones 190 mil 204 pesos presupuestados, ejerció 253 millones 778 mil 306 pesos.
La Secretaria de Turismo tenía proyectado para su Dirección de Proyectos de inversión una partida de 66 millones 788 mil 168 pesos, pero terminó gastando 508 millones 677 mil 202 pesos.
La Secretaría de Innovación tenía proyectado para su Dirección de Gestión de Proyectos Tecnológicos una partida 3 millones 323 mil 581 pesos, pero en realidad ejerció 137 millones 450 mil 095 pesos.
La Secretaria de Transparencia asignó a su Dirección de Auditoría "b" una partida de 5 millones 624 mil 842 pesos, pero en realidad gastó 64 millones 307 mil 90 pesos.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable presupuestó 3 millones 95 mil 659 pesos a su Dirección de Planeación Urbana, pero ésta en realidad ejerció 2 mil 560 millones 131 mil 262 pesos.
El dictamen también señala excesos por conceptos del gasto, y cita los casos de Servicios Generales, que de tener presupuestados 834 millones 105 mil 474 pesos, se terminó erogando mil 808 millones 024 mil 848 pesos.
En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, lo presupuestado era de 24 millones 890 mil 313 pesos, pero se gastaron 934 millones 326 mil 201 pesos.
En el rubro de Servicios de Comunicación Social y Publicidad se contemplaba un gasto de 22 millones 483 mil 79 pesos, pero en realidad se ejercieron 424 millones 608 mil 780 pesos.
Por concepto de Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, lo presupuestado era de 107 millones 366 mil 749 pesos, pero se terminó gastando 248 millones 323 mil768 pesos.
Por Vehículos y Equipo de Transporte la partida presupuestada era de 6 millones 340 mil pesos, pero se reportó un gasto de 144 millones 749 mil 767 pesos.
En Activos Intangibles lo presupuestado era de 11 millones 870 mil 511 pesos, pero se ejercieron 684 millones 946 mil 405 pesos,
En el rubro de Otros Servicios Generales la partida presupuestal contemplada era de 47 millones 591 mil 520 pesos, pero en realidad se ejercieron 223 millones 579 mil 079 pesos.
En lo que se refiere a denuncias sobre hechos concretos, la Comisión de Fiscalización precisa que hay 19 diversos casos, algunos de los cuales se derivan desde el ejercicio fiscal de 2014, pero en ninguno de los ellos desde el Informe General se aportan elementos de seguimiento que permitan su valoración.
Se cita el caso de la denuncia por la entrega de colchones malolientes a familias damnificadas por las lluvias de la tormenta tropical 19-E, mediante un programa emergente al que se destinaron 11 millones 135 mil 99 pesos con 60 centavos.
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Se precisa que la ASE no determinó responsabilidad específica alguna de ningún funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de Sinaloa.
Ello a pesar de que sí acredita que en la venta de los colchones entregados participaron el particular Francisco Benjamín Landgrave Buelna, con mil 200 unidades y la empresa El Mariachi, dedicada a las actividades agropecuarias, con mil unidades más.
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