Culiacán, Sin.- El diputado José Rosario Romero, integrante del Grupo Parlamentario de morena, calificó como imprudentes e infundadas las declaraciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en el sentido de que analizan la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad a las recientes reformas a la Ley de Obras Públicas aprobadas por el Congreso del Estado.
Dichas reformas, que pretenden acabar con la opacidad y con toda posibilidad de corrupción en la obra pública mediante diversos mecanismos como el fortalecimiento de la figura del testigo social, fueron aprobadas de manera unánime por todas las fuerzas políticas durante la sesión del pasado 11 de junio, y el decreto correspondiente se publicó por el gobernador tres meses después, el 7 de Septiembre.
“Es importante destacar por qué, como Congreso, le dimos al sistema anticorrupción una responsabilidad preponderante en las reformas a la ley obras públicas; se la dimos en primer lugar, porque estudios independientes como el de la Organización no Gubernamental Centro de Análisis México Evalúa, ubican al de la construcción de obra pública como el sector más corrupto del país y del mundo, produciendo baja calidad, baja rentabilidad económica y social, y precios más elevados de lo previsto”, inició el legislador morenista.
“Desde el sistema de las Naciones Unidas con su Convención contra la Corrupción en 2003, se aportó desde México, la necesidad que los gobiernos promovieran y fomentaran la participación de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales, en la prevención y la lucha contra la corrupción mediante acciones que aumentaran la transparencia”, apuntó José Rosario Romero.
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Observó además, que a pesar de estos precedentes, según las estimaciones del Banco Mundial, la OEA y el Centro de Estudios del Sector Privado; el costo de la corrupción en México ha sido alrededor del 10 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual es una de las razones de que la principal lucha del gobierno federal desde el primero de diciembre del 2018, sea abatir la corrupción.
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