Culiacán, Sin. La Comisión de Hacienda aprobó el dictamen de reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, para fortalecer la autonomía en la gestión presupuestaria de los Poderes Legislativo, Judicial y los órganos constitucionales autónomos para impulsar su consolidación como instancias democráticas y de derecho con total libertad, sin dependencia, intromisión, ni subordinación.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Victoria Sánchez Peña precisó que se les otorga la atribución de manejar y administrar, además de ejercer directamente sus presupuestos de egresos sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Asimismo, la atribución de que lleven su propia contabilidad y emitir sus informes financieros remitiéndolos a la Secretaría para los efectos de las cuentas públicas y el ejercicio de fiscalización de los órganos internos de control de cada institución.
Precisó que con estas reformas se busca que los recursos los puedan manejar y transparentar cada ente, así como pagar los impuestos como debe ser.
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Desde que iniciamos esta legislatura, había un convenio con el Congreso del Estado para manejar los recursos; propusimos desde un principio que ya no se firmara, se anulara, para poder ser nosotros como Congreso autónomos. Victoria Sánchez Peña
Dijo que desconoce los motivos por lo que no se haya llevado a cabo antes el anular ese convenio, por ello, señaló que el grupo parlamentario de Morena decide hacer una iniciativa donde se detalla de manera puntual cuáles van a ser las obligaciones de los poderes, con qué leyes van a estar sujetos para transparentar los recursos.
Explicó, el Congreso ya podrá manejar su propia nómina, y no será a través de Gobierno del Estado.
La Autonomía también contempla al Instituto Estatal Electoral, Tribunal Electoral, Fiscalía General, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.
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