Culiacán, Sin.- Salvador Pérez Martínez, secretario de Finanzas y presidente de Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), interpuso ante el Juzgado Segundo de Distrito un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, en contra de Rubén Rocha Moya, luego de que el titular del gobernador de nueva cuenta vertiera declaraciones en contra de funcionarios de la institución, informó el abogado general de la universidad, Robespierre Lizárraga Otero.
Fue le pasado miércoles cuando el juzgado otorgó la suspensión provisional y prohibió tanto al gobernador Rocha Moya, como a la Fiscal, Sara Bruna Quñónez, hacer cualquier tipo de alusión, manifestación, expresión o cualquier tipo de comentario que hagan presuponer que el titular de Finanzas de la universidad es culpable de un delito o que pueda tener algún tipo de responsabilidad.
También te puede interesar: Entrega rector una propuesta de reforma de la UAS a Rocha Moya
El abogado de la UAS, señaló que aparentemente el mandatario estatal no fue notificado, ni asesorado de manera correcta sobre los alcances de la suspensión, el caso se puso en manos de un juez para que éste haga sus consideraciones y aplique lo que corresponda en derecho, pues las declaraciones hechas este jueves por Rocha Moya violentan la suspensión emitida por el juez.
“Dentro de la estrategia jurídica en defensa de la autonomía universitaria, hemos promovido una serie de juicios de amparo ante la justicia federal por distintos actos de distintas autoridades en distintos momentos. Uno de esos que se han promovido es relativo a ciertas actuaciones de la Fiscalía, particularmente de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) y respecto a actuaciones del Gobernador, Secretario de Gobierno, Congreso del Estado. Ha sido que se nos han concedido suspensiones con distintos efectos, uno de ellos es que las autoridades que acabo de mencionar pues deben de abstenerse de tener, ante los medios de comunicación de expresar opiniones sesgadas en torno a la situación jurídica de los funcionarios universitarios que está señalando como responsables”, dijo
Lizarraga Otero, mencionó que la omisión por parte del gobernador puede tener distintas consecuencias, desde la solicitud de un informe de cómo le está dando cumplimiento a la suspensión hasta algún tipo de extrañamiento, llamado y/o apercibimiento.
El abogado también señalo que si hay persistencia o reincidencia en la violación a la orden de un juez federal por parte del gobernador, podría configurarse un desacato lo cual ya tiene consecuencias penales.
Finalmente dijo que como universitarios, están actuando apegados a derecho cumpliendo lo que los juzgados ordenan, por lo que exhortó a que el Gobierno del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial local hagan lo conducente en cuanto al tema.