Culiacán, Sinaloa.- El pleno del Congreso aprobó por mayoría las leyes de ingresos de los 18 municipios, y sólo en algunos casos se tuvo un voto en contra de las mismas, y también aprobó la ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa y avanzó la de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
En el caso de la ley de ingresos del municipio de Culiacán hiso acto de presencia la tesorera municipal Issel Soto Gonzales, y reconoció que se aprobó prácticamente sin cambios, y que en comparación al presupuesto de este año, el del próximo tendrá un ligero crecimiento del 7.8 por ciento, que en cifras equivale a 239 millones de pesos adicionales.
Precisó que el presupuesto aprobado es de 3 mil 340 millones de pesos, de lo cuales mil 300 serán recaudados por el mismo ayuntamiento y los restantes dos mil 50 millones serán de participaciones federales.
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En lo que se refiere a la Ley de Austeridad, ésta dispone que todo gasto que realicen los poderes y dependencias del estado, los municipios y los órganos autónomos, estarán sujetos al principio de máxima publicidad, y prohíbe disponer de partidas presupuestales para cubrir gastos de servicios médicos privados, de modo que se gaste únicamente lo que esté presupuestado.
De igual manera prohíbe utilizar recursos del erario para financiar créditos automotores privados a todos los funcionarios públicos, los criterios de uso y condiciones para la renovación del parque vehicular de las dependencias y entes públicos, así como, la regulación del uso de aeronaves oficiales a tareas exclusivas de atención a la población y situaciones de emergencia.
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En lo que se refiere a los gastos de comunicación y publicidad oficial, se acordó que se deberán aplicar los criterios de la ley federa correspondiente recientemente aprobada.
Los ahorros que se logren con la política de austeridad, deberán ser canalizados a las áreas de salud, seguridad pública, educación, programas sociales y a atender situaciones de emergencia
Respecto a la Ley de Remuneraciones, a cuyo dictamen se le dio primera lectura, está reconoce como obligados a respetarla a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, de los diversos organismos autónomos constitucionales y de las diversas dependencias de los municipios.
Esta ley establece que ningún servidor público de Sinaloa podrá tener una remuneración mayor a la que tenga asignada el gobernador del estado. Cada dependencia deberá elaborar sus correspondientes tabuladores de sueldos.
Se podrá denunciar a todo servidor público que viole la ley, y se le podrá iniciar un procedimiento penal o un juicio político, y de comprobarse lo denunciado, se le podrá inhabilitar para el servicio público de seis meses a cuatro años, si el sueldo asignado en demasía no supera las mil UMAs, peo si las supera entonces la inhabilitación para cargos públicos podrá ser de cuatro a 14 años.