Mazatlán, Sin. Aunque tiene un contrato firmado el 20 de mayo de 2019, Jesús “N” no recibe desde hace cinco meses el pago por arrendamiento de un bien inmueble, ni tampoco puede demandar ante un órgano jurisdiccional el adeudo o la desocupación, toda vez que estos se encuentran cerrados desde el 19 de marzo.
Lo más grave del caso es que Jesús “N” se las ha "visto negras "durante la pandemia del coronavirus, ya que además de enfrentar los riesgos de contagio, debe mantenerse encerrada en casa por el plan de contingencia. Su único ingreso seguro se cortó porque el arrendador se niega a pagar las últimas cinco mensualidades.
Así como ella, hay alrededor de 5 mil casos, según cálculos del Grupo de Abogados Unidos de Mazatlán, atorados o en espera de que sean abiertos los juzgados.
Arturo Lizárraga Hernández tiene más de 60 años de edad, él promueve un juicio sucesorio testamentario ante el juzgado primero del ramo familiar; el 13 de marzo solicitó hacer la declaratoria de aprobación del inventario y evalúo, pero quedó trabado, pues cinco días después los órganos jurisdiccionales cerraron en todo el estado.
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A pesar de su edad y con los riesgos de contagio de Covid-19, él no puede repartir sus bienes a sus familiares, aunque ya tenga los oficios y expedientes, ni tampoco puede disponer de un dinero porque el juzgado por mandado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado no está operando.
Otro caso es el de Marcela Guadalupe Leyva Savedra, quien promueve un juicio sucesorio intestamentario por el fallecimiento de su madre, bajo el expediente 1835/2019, que quedó trabado, pues nueve días antes del cierre de los juzgados, se solicitaron oficios para la publicación de los edictos y hacer las adjudicaciones, sin embargo, se emplazó a entregarlos dos semanas después y ahí quedó.
En tanto no se concrete el juicio intestamentario, Marcela no podrá hacer uso de los bienes que dejó su madre.
Asunto parecido es el de los hijos del señor Ramón Leyva, quienes presentaron juicio suscesorio intestamentario por su fallecimiento y aunque ya tienen un comprador del bien inmueble, no pueden venderlo porque la demanda sigue estancada.
Erika Plaza Toledo presentó una juicio por pensión alimenticia, cuya demanda quedó registrada con el expediente 1989/2019, y el pasado 31 de marzo se había señalado como fecha para una audiencia testimonial, pero no se ha podido realizar porque los juzgados permanencen cerrados.
De igual forma, Liliana “N” y José Bernardo “N” presentaron un juicio de divorcio bilateral, bajo el expediente 445/2020, en el que se fijó una audiencia para la ratificación del convenio de divorcio, con fecha el día 28 de abril de este año a las 10:00 de la mañana, la cual sigue pendiente.
LENTITUD Y ESPERA KILOMÉTRICA
Por carga de trabajo y burocratismo, en los juzgados el curso a peticiones, acuerdos, emisión de oficios, citatorios y los dictámenes de sentencias son pasmados y lentos, al grado que un trámite que por ley debe durar tres días, como es una petición, regularmente tarda entre 15 y 20 días, señaló Jesús Cacique Almaraz, quien es abogado desde hace 30 años.
“Para los oficios, aunque hoy digan que se puede, hay que pasarlo de aquí, para allá y demás allá, y cada juzgado tiene su reglamento interno, su estilo y su forma, y además de eso, hay que caerle bien a los de los oficios, para que te lo haga rápido, pero nunca es rápido, y siempre te dicen véngase dentro de tres días, una semana, dos semanas, o si es jueves, véngase para el próximo jueves”, expresó.
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Cacique Almaraz fue miembro del Poder Judicial en Concordia como secretario de acuerdos y, en Mazatlán, en el juzgado penal; también fue asesor jurídico durante la presidencia municipal con José Ángel Pescador Osuna (1987-1989), y perteneció al Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Cambero, decidió inactivarse para ser abogado independiente, actualmente forma parte del movimiento Grupo de Abogados Unidos de Mazatlán.
Señala que para lograr que los citados acudan a un juicio en el ramo familiar, hay que suplicar y rogar para que el representante de los menores ante el juzgado, que es la Procuraduría de la Defensa del Menor, vaya, acepte y proteste el cargo que le confirieron.
Y en el caso de los exhortos, que es un documento que libra un juez para enviarlo a otro de igual categoría para que ordene dar cumplimiento a lo que se pide, pero que se encuentra en otra ciudad fuera de la localidad, la espera es kilométrica.
“Sí es pasmado, es burocrático, también hay que decirlo, la carga de trabajo es inmensa, habría que abrir otro juzgado, y mucha gente del personal, con todo respeto lo digo, hay lentitud y actitud poco atenta para con los abogados, y con la nueva normalidad ahora va a ser más lento el asunto”, apuntó.
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Dijo que en su caso, hace dos años se vio obligado a presentar un amparo en contra de los dos juzgados familiares de Mazatlán por la lentitud para darle curso a alrededor de 10 juicios de divorcio y sucesorios que había presentado.
“Por la lentitud para darle curso y porque había secretarias groseras, arrogantes y prepotentes, con una actitud poco respetuosa para con uno como abogado, por eso me fui al amparo por primer vez y el juez me llamó y me pidió que no me amparara, vamos a darle curso a tus peticiones, me dijo, y sí lo hizo al principio, pero ya después no, igual que siempre”, indicó.
NUEVOS OBSTÁCULOS
Refiere que a pesar de que ya se tiene fecha de apertura de los juzgados para este lunes 3 de agosto, el problema que se avisora es la acumulación de casos y los obstáculos que se puedan dar con la nueva normalidad, pues se prevé que la gente entrará por citas y con folio en mano.
Por lo general, agregó, la gente que se queda en las entradas y salidas son guardias de seguridad que no tienen criterio para decidir quién entra y quién no.
El acuerdo con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Inzunza Cázarez, es que si los juzgados están solos o semivacíos, los abogados podrán entrar sin tener número de folio o cita para realizar sus trámites, pero este dependerá del criterio de los guardias de seguridad.
El Grupo de Abogados Unidos de Mazatlán estima que en los próximos meses, el número de asuntos pendientes ante los juzgados podría alcanzar la cifra de 15 mil casos, lo cual sería un reto, un desafío muy grande, difícil de enfrentar, si no se aceleran los procesos y trámites en los órganos jurisdiccionales no sólo de la ciudad, sino de todo el estado.
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