Culiacán, Sin.- El Gobierno del Estado no ha invertido ni un solo peso en los proyectos de vivienda para familias desplazadas de la sierra de Sinaloa, justo ahora que cerrará el 2020, y por el contrario, el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, se ha portado esquivo con los afectados.
María Esperanza Hernández Lugo, líder de un grupo de desplazados que abandonaron sus pueblos en 2012 en Sinaloa de Leyva y Choix, expresó que a pesar del fondo asignado por el Congreso de 40 millones de pesos, los terrenos prometidos siguen enmontados.
Aseguró que los predios en Choix y Guamúchil, donde ella radica, se compraron desde el 2019, y hasta la fecha siguen ociosos, sin usarse.
“En el municipio de Choix, el presidente municipal donó un terreno que tenía listo desde agosto y el cual permanece así porque a pesar de que se destinaron para Choix, parte de los 10 millones, no se ha construido, no se han puesto los servicios básicos ni se ha hecho nada”, explicó
“En Guamúchil, que es donde yo vivo, me llevaron a mí y a un grupo de desplazados, ante la insistencia de que no sabíamos dónde estaba el terreno que nos habían designado, a un predio enmontado que, hasta la fecha, así permanecen”, externó la desplazada.
Incluso manifestó que el titular de SEDESO, Ricardo Madrid, la ha violentado, cuando le cuestiona sobre el recurso y avance para la atención a desplazados.
“Preguntándole yo al secretario Madrid, qué era lo que estaba sucediendo y por qué no se avanzaba en la entrega de los solares, fue grosero conmigo, me dijo que cómo iba a limpiar el terreno si primero se tenían que introducir los servicios, que era ilógica mi pregunta y me ofendió. Me habló en tono agrio y me daba respuestas”, denunció.
Hernández Lugo representa a 2 mil 038 personas reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como víctimas de desplazamiento forzado en el año 2012, cuando Mario López Valdez era gobernador de Sinaloa.
PURO PAPEL
En diversas solicitudes presentadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la SEDESO ha sido omisa al informar plenamente la forma en que se usa el recurso de 40 millones autorizado por el Congreso del Estado esté 2020.
En una primera respuesta que otorgó, la dependencia con enfoque social reveló que no se ha gastado el presupuesto debido a que la Secretaría de Administración y Finanzas no lo ha traspasado a las cuentas de SEDESO.
“La Secretaría no ha ejercido el recurso etiquetado para el programa de desplazados por la violencia, ya que la Secretaría de Administración y Finanzas no ha radicado el recurso”, señala la respuesta dada en el oficio SEDESO/DNR/096/2020.
A los días Desarrollo Social envió los documentos de los convenios que se elaboraron hace apenas unos meses, en donde se aparecen asignados 10 millones de pesos para el proyecto del municipio de Choix, otros 10 millones para Salvador Alvarado y otros 10 para Mazatlán.
“Sin embargo, se informa que a la fecha del 20 de octubre no se habían ejercido estos recursos”, aclaró la Unidad de Enlace. Es decir, solamente está el “papel”, pero no la concreción de los proyectos.
Los documentos son “convenios de colaboración” entre Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social, con participación de la Secretaría General de Gobierno, así como la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, dirigida por Salvador Reynoso.
Los tres convenios apelan al fondo de vivienda de 40 millones de pesos presupuestados por el Congreso del Estado para “El Programa Especial de Atención en Vivienda de Personas Desplazadas por la Violencia”.
Como ya se dijo, para cada uno de estos tres municipios se destina 10 millones de pesos para sus proyectos, desde la compra de terrenos hasta la edificación de casas.
Además se establece en las cláusulas que los 10 millones de pesos para cada municipio se sacarán del presupuesto 2020, cosa que no ha ocurrido hasta poco más de un mes que se agote el año y que el Poder Legislativo vuelva a aprobar un nuevo presupuesto para 2021.
Te puede interesar:Denuncian insensibilidad de Ricardo Madrid al no atender desplazados
El convenio le otorga la facultad a la SEDESO para traspasar a cuentas bancarias de la Comisión de Vivienda el recurso y así gestionar el proyecto que hasta ahora ha quedado en buenas intenciones.
Lee más aquí↓
