Culiacán, Sin. -A pesar de que los actuales gobiernos, se comprometieron a combatir la corrupción y declararse como un Estado donde este tipo de acciones “no existen”, las estadísticas indican que los sinaloenses siguen siendo víctimas de corrupción y el índice de los actos han incrementado en un 40 por ciento del 2021 al 2023.
De acuerdo con las estadísticas de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, en 2021 se registró una incidencia de actos de corrupción de 21 mil 065 casos por cada 100 mil habitantes y el 2023 este índice aumentó a 29 mil 554.
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Nada más al corte del último trimestre del 2023, una cifra de 17 mil 728 sinaloenses por cada 100 mil experimentaron al menos un acto de corrupción con algún servidor público y se consideró víctima, según el reporte del INEGI.
La encuesta señala que los ciudadanos manifestaron ser objeto de corrupción al tratar con algún policía o bien, un burócrata para la realización de algún trámite.
Margen poblacional
Tomando en cuenta que en Sinaloa existe una población de 3 millones de habitantes aproximadamente, entonces al menos 531 mil 840 sinaloenses fueron víctimas de algún acto de corrupción en 2023.
Esta cifra aumentó del 2021 al 2023, un 7.5 por cierto, pues en el 2021 se registró que 16 mil 537 sinaloenses fueron víctimas de corrupción.
El costo
La corrupción también tiene un costo y en Sinaloa el gasto de corrupción fue de 5 mil 645 por persona en Sinaloa en 2023 y el 56 por ciento, poco más de la mitad de los sinaloenses confían en su actual gobierno.
Además, el 85 por ciento de la población sinaloense aún considera frecuentes los actos de corrupción en el gobierno.
La encuesta del INEGI tiene el objeto de “buscar generar estimaciones sobre la prevalencia de actos de corrupción y la incidencia de estos en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades”.
A pesar de los esfuerzos y la implementación de la política en materia de combate a la corrupción, así como la creación de los sistemas estatales y municipales anticorrupción desde el 2020, los resultados de las encuestas indican que la política ha fallado.
La corrupción sigue
Para el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, Fernando Chávez Rangel, la percepción de la corrupción y el alto índice de incidencia en actos, responde a diversos factores.
El primero es la falta de voluntad y cumplimiento de los entes encargados de sancionar y castigar la corrupción. El segundo es que la ciudadanía ahora se encuentra más informada y con una tendencia a participar más y por ello, los índices de percepción y de denuncia han incrementado.
“Se necesita fortalecer el quehacer de las instituciones para que se prevengan la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción…disminuir márgenes de arbitrariedad en el sector público”, expuso.
El encargado de la promoción y procuración del combate a la corrupción y la participación ciudadana precisó que dadas las cifras expuestas existen 5 puntos claves en los que los gobierno tienen que trabajar.
Facilitar la denuncia de actos de corrupción y proteger a los denunciantes. Actualmente, no existe la apertura para que el servidor público o ciudadano que se encuentre como testigo en un acto de corrupción, pueda proceder a denunciar sin ser despedido o tenga consecuencias fatales.
Que los órganos internos de control de las instituciones de verdad sancionen y vigilen los procesos administrativos, pues actualmente, no todos cumplen con su función sobre todo en los Ayuntamientos y siendo la omisión en el actuar uno de los factores por los que la corrupción ocurre hasta el final de los trámites administrativos y proceso.
El contacto gobierno- sociedad es primordial. En la mayoría de los casos, los procesos de trámites y servicios no son claros ni fáciles para la ciudadanía. El hecho de que la ciudadanía no esté completamente informada sobre cómo realizar un trámite y todo lo que ello implica, abre la posibilidad de ser víctima de corrupción por un servidor público.
“Las personas que hacemos trámites y servicios todo el tiempo; un permiso para construcción… no son los suficientemente claros, son ambiguos y le dan margen al servidor público de tomar decisiones para cubrir vacíos legales y se dé el acto de corrupción”, expuso.
El uso de la tecnología para eficientar los procesos administrativos en el gobierno, es un factor importante para inhibir la corrupción. El migrar los procesos a sistemas digitales y controlados abona a que a los servidores públicos les sea más complicado incitar u ofrecer un acto de corrupción.
La falta de participación e involucramiento de la sociedad es otro de los factores más relevantes.
“No hay incentivos que hagan que la sociedad se involucre, se individualiza mucho, que se promueva la participación”, expuso el presidente del CPC.
Las cifras son positivas
De acuerdo con Chávez Rangel, las cifras indican que, “no se están haciendo bien las cosas o hay un mayor interés por la ciudadanía, entonces la confianza aumenta y las personas se animan a denunciar”, refirió.
A pesar de ello, es reconocido que las omisiones institucionales continúen derivando en actos de corrupción. La inoperancia de los órganos de control interno, la falta de sanciones e investigaciones y el hecho de que, licitaciones de obras públicas irregulares prevalece en más del 90 por ciento de los municipios e instituciones, hablan de una política del combate a la corrupción fallida o bien aun en proceso de cumplir objetivos planteados en sus inicios en el 2020, finalizó.
