Culiacán, Sin. - El Poder Legislativo solicitará a la Auditoría Superior del Estado presente un informe sobre el otorgamiento de Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (CEPROFIES) y los Ayuntamientos durante los años 2017 y 2018.
El Punto de Acuerdo que fue presentado por el diputado de Morena, Rosario Romero, mismo que fue votado por unanimidad por la Diputación Permanente, en el que se incluyó también la petición de solicitar al gobernador Quirino Ordaz Coppel un informe que acredite el cumplimiento de los compromisos empresariales en relación a los estímulos fiscales recibidos, y en su defecto, las sanciones aplicadas conforme marca la Ley de Fomento a la Inversión y para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa.
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Señaló que, pese a la polémica sobre la otorgación de los CEPROFIES, no está incluida la Secretaría de Economía dentro de la lista de entidades fiscalizadas por la ASE, por lo que es necesario que se haga una revisión a la ley.
El legislador indicó que tanto el gobernador Quirino Ordaz Coppel como el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, han coincidido en declaraciones periodísticas en el sentido de que se ha hecho mal uso y se han abusado de estos estímulos fiscales.
Asimismo, solicitaron al Ejecutivo del Estado un informe que conforme al Artículo 40 de la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado, acredite el cumplimiento de los compromisos empresariales en relación a los estímulos fiscales recibidos.
El diputado Rosario Romero recordó que la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa está vigente desde el 28 de noviembre de 1996.
Es una ley que como su nombre lo indica, tiene como propósito el desarrollo económico a través de estímulos a la inversión que favorezcan el empleo.
Además, explicó que hay estímulos de uno a tres años, como la reducción del Impuesto Sobre Nómina, del Impuesto Predial, del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, del pago de los Derechos de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la Licencia de Construcción y de la tarifa por la conexión de agua potable, con la condición de que se creen 16 nuevos empleos permanentes, una empresa ya establecida o por hacerlo, invierta 300 mil UDIS, equivalente hoy, a un millón 860 mil pesos.
Romero López expuso que esa Ley se adicionó en 2006, para beneficiar con estos mismos estímulos a las personas físicas o morales que invierten a nivel microindustrial, proyectos de turismo alternativo y de apoyo al desarrollo de centros históricos, siempre que generen al menos 5 empleos permanentes y se apliquen una inversión de 50 mil UDIS, equivalente a 310 mil pesos.
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Sin embargo, aclaró que para que las empresas accedan a estos estímulos, la ley ordena de manera obvia que deben cumplir las condiciones de inversión y empleo, pero además deben solicitarlos por escrito a la Secretaría de Economía y una vez que se recibe la solicitud, la dependencia estatal turna la petición a una comisión dictaminadora integrada por un representante de la Secretaría de Economía, uno más de la Secretaría de Administración y Finanzas; otro más de la Secretaría de Desarrollo Social.
Igualmente, a la de Medio Ambiente y de Pesca, más un representante del Comité Regional del Codesin de la zona donde se instalará la empresa que solicita los estímulos y un representante del ayuntamiento, del municipio donde se pretenda establecer la empresa.
Aclaró que hasta donde el sentido común permite ver, se trata de una legislación conveniente, si no fuera porque en el último mes se ha repetido con insistencia la negativa del gobierno de Culiacán a darle cumplimiento, con el señalamiento de que la autorización de estímulos por la vía de la Ceprofies, tiene repercusiones negativas para las finanzas municipales.
