Culiacán, Sin.- "El que agreda a un periodista o defensor de los derechos humanos va a la cárcel", sentenció Juan Mario Martini Rivera, Consejero Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Detalló que en el caso de que el agresor ocupe un puesto público, la pena aumenta hasta el doble, alcanzando hasta los 8 años de cárcel.
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"La idea es esa, que los funcionarios y servidores públicos (sea el gobernador o Congreso del estado) sepan que hay una penalidad", declaró.
Indicó que esto está estipulado en la ley y por ello se tiene que estar recordando a los funcionarios para que no se presenten agresiones.
¿Cómo opera el instituto?
Jhenny Judith Bernal Arellano, directora del instituto, indico que este solo tiene la capacidad para brindar capacitaciones y dictar medidas de protección.
"El instituto no es un resolutor que resuelve conflictos entre particulares, entre la autoridad y el periodista o defensor de los derechos humanos; no tenemos esas atribuciones", explicó.
Destacó que hasta desde agosto del 2022 hasta la fecha se han otorgado 17 medidas de protección, destacó que durante el Culiacanazo 2.0, el 5 de enero de este año, se recibieron 9 agresiones a periodistas y se les apoyó con recursos económicos.
