Son desde el 2020 en que llegó el periodo Teresa Ochoa Pérez, y hasta abril de 2023, cuando su secretaría general concluyó para entregarle la estafeta a Michel Benítez Uriarte, quien ha optado por interponer amparos ante el Poder Judicial para no entregar los documentos comprobatorios de los recursos.
Por este caso, ya se presentó una denuncia para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) intervenga y realice las revisiones correspondientes, según documentos que obtuvo El Sol de Sinaloa, situación confirmada por el diputado Sergio Mario Arredondo, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
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“Será el órgano fiscalizador quien determine si la investigación procede, dentro de las competencias de nuestra comisión, hemos turnado la solicitud a la ASE”, expuso Arredondo, en entrevista,
No quieren responder
Fue a fines de junio pasado cuando un ciudadano identificado como Jesús, solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia las aportaciones que el Gobierno del Estado ha entregado al STASE, en cumplimiento a lo que está previsto en el contrato colectivo de trabajo desde enero del 2020 hasta abril de 2023, periodo en el que la Secretaría General del Sindicato recayó en Teresa Ochoa Pérez.
También fueron solicitados los conceptos de gastos y facturas correspondientes a los presupuestos de los rubros de gasto de estancias infantiles (Cendis STASE, del Instituto de Capacitación del STASE, apoyos al Deporte y sobre administración de albergues que opera el sindicato).
Dichas solicitudes no fueron respondidas por STASE, bajo el argumento de que la información estaba fuera de la competencia del sindicato puesto que correspondían a gastos de administraciones sindicales pasadas y no a la actual que lidera, Michel Benitez, sobrino de Gabriel Ballardo, quien se le considera por parte de stasistas, como el “poder detrás del trono”.
Tras interponer recursos de revisión ante la negativa del sindicato de proporcionar la información solicitada, la Comisión de Acceso a la Información Pública, resolvió y ordenó al Sindicato responder a las solicitudes planteadas por lo que el ente obligado se amparó en búsqueda de no proporcionar la información.
En ese sentido, el comisionado presidente de Ceaip, José Luis López Moreno, informó que en el mes de octubre que STASE se había amparado en tres ocasiones para no responder solicitudes de información.
Sin embargo, STASE desistió de los amparos para ponerse a disposición de informar lo solicitado, sin embargo, hasta el pasado jueves se desconocía si el sindicato había cumplido con su obligación de transparentar y dar respuesta a las solicitudes.
El Sol de Sinaloa revisó la Plataforma Nacional de Transparencia y no encontró ningún documento ni sobre lo solicitado, mucho menos de otros apartados que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Sinaloa.
Dinero del erario
Durante el 2020 hasta el 2023, de acuerdo a la información proporcionada por la Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado, la administración estatal ha entregado 92 millones 227 mil 106 pesos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, correspondiente a lo establecido por el contrato colectivo.
El año con mayor erogación de apoyo al sindicato fue el 2022, con 26 millones 596 mil 866 pesos. Por concepto de pago del prestación contractual denominada semana de mediano riesgo al personal que labora en el área de intendencia y alimentación del hospital Pediátrico de Sinaloa, de apoyo al sindicato en 2022 con un monto de 55 millones 685 mil pesos.
Por bono de estímulo económico a los trabajadores del Centro de Ciencias se erogan por año 1 millón 100 mil pesos. Para el Centro de Atención Psicopedagógica y Terapéutica se dan 500 mil pesos por año.
Sobre el pago de prima vacacional para personal que labora en CAI 1, 2 y 3 en 2021, 2022 y 2023 se erogaron los montos de 309 mil 259 pesos, 394 mil 534 pesos y 428 mil 70 pesos respectivamente.
Para los festejos del Día de las Madres 2022 y 2023, se gastaron 400 mil pesos por año y para el festejo del Día del Servidor Público, se gastaron 1 millón 350 mil pesos por año, con excepción del 2020.
La Asamblea General celebrada el 2 de mayo de cada año, costó 200 mil pesos únicamente en 2022 y 2023. La compensación sindical de trabajadores costó 1 millón 328 mil 400 pesos en 2022, 2 millones 41 mil 366 en 2022 y 942 mil pesos en 2023.
A pesar de que en 2020 y 2021, se mantuvo la suspensión de clases y guarderías por la pandemia de COVID-19, el STASE recibió 12 millones de pesos para los CAI (Cendis) en cada año, a excepción del 2023 donde recibió 9 millones. La Estancia Temporal STASE, costó 300 mil pesos anuales y 225 mil en 2023.
Las becas de los hijos de los sindicalizados costaron 525 mil pesos anuales, mientras que las becas para los trabajadores que estudian maestrías o doctorados, se erogaron por año 528 mil pesos. La compra de medallas y reconocimientos para el personal que cumplió 25 años de antigüedad se gastaron 3 millones de pesos en 2021, 2022 y 2023.
El Instituto de Capacitación STASE, recibió anualmente 3 millones de pesos y por concepto de fomento al deporte el sindicato recibió 1 millón 200 mil pesos a excepción del 2023, año en que recibió 900 mil pesos.
Solicitud de auditoría
A raíz de esto, un grupo de sindicalizados ha presentado una solicitud de auditoría a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa presidida por el diputado, Sergio Mario Arredondo.
La denuncia fue presentada el 27 de noviembre pasado y solicita a la Comisión pida a la Auditoría Superior del Estado, iniciar las investigaciones de fiscalización correspondientes al gasto de recursos otorgados por Gobierno del Estado al STASE, al considerarse que podría estar incurriendo en un manejo irregular de recursos públicos.
El diputado Sergio Mario Arredondo informó que la solicitud ya fue turnada a la ASE y que es el órgano fiscalizador el que determinará la viabilidad de la investigación y de realizar una auditoría al sindicato.
En caso de encontrarse alguna irregularidad, será la ASE quien determine las sanciones correspondientes.
Sujeto obligado
El artículo 95 y el 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Sinaloa, establece que todos los sindicatos estatales son sujetos obligados, además de que tienen que cumplir con los lineamientos de transparencia, difundir mediante las herramientas establecidas, toda la información de carácter pública, así como el ejercicio de recursos públicos.