Culiacán, Sin.- El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), manda carta a la ciudadanía sinaloense para coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción ante hechos de corrupción y faltas administrativas, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Lo cual por ley en cada estado se debe tener sistemas locales anticorrupción.
En Sinaloa, el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción se integra por siete instituciones del Comité Coordinador y un representante de cada municipio del Estado, siendo presidido por el Comité de Participación Ciudadana (CPC), el cual se encarga de la vinculación entre las organizaciones civiles y ciudadanos con instituciones de gobierno para hechos relacionados con la estrategia anticorrupción de Sinaloa.
A más de dos años de haber iniciado el Sistema Anticorrupción de Sinaloa, se encuentra en un punto crítico, ya que no mantiene una agenda dinámica, pública y abierta orientada al combate a la corrupción, y sin muestras claras de opere como un sistema coordinado para disminuir la corrupción.
Esta preocupación no es exclusiva de Sinaloa, en los estados de la República y en el ámbito nacional también existe alto interés por el adecuado desempeño de los integrantes del sistema.
El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa parecía que tenía el andamiaje legal para operar de forma adecuada.
Tanto al Sistema Nacional, como al de Sinaloa se les proveyó de elementos innovadores, siendo uno de ellos la creación de una Comisión de Selección elegida por el Congreso del Estado la cual tiene la responsabilidad de designar al Comité de Participación Ciudadana.
Sin embargo estas leyes no han garantizado un modelo eficaz, puesto que ha sido muy complejo, por ejemplo, que la Comisión de Selección transparente los procesos y calificación de las personas que concursan para integrar al CPC, y que garantice la paridad de género.
Grupos de sociedad civil notan que la Comisión de Selección para la integración al CPC se enfoca en elegir a personas que, a su criterio cumplan con los requisitos de ley, encontrando que su mayor formación ha sido en el poder político y/o administrativo de Gobierno, y escasa formación en temas de combate a la corrupción desde la participación ciudadana, considerando que este último debe de ser el requisito ideal para ocupar estos cargos.
Del análisis de todo esto, un grupo de ciudadanos y ciudadanas que colaboran en organizaciones civiles han presentado una iniciativa de ley que fortalece el Sistema. Esta propuesta es impulsar la paridad de género, la inclusión de jóvenes, la disminución de requisitos que limitan la participación ciudadana, y un candado, que consideramos fundamental, para que el CPC se integre más por perfiles con trabajo cívico que por funcionarios públicos.
La paridad ya se aprobó, pero notaron preocupantes resistencias a que el órgano ciudadano no se integre por funcionarios de formación. La iniciativa expone que podrán ser aspirantes al CPC aquellas personas que hayan dejado el servicio público al menos siete años atrás de su inclusión en el órgano ciudadano. Ese lapso, consideramos, es el prudente para que un funcionario haya disminuido considerablemente sus vínculos con las estructuras gubernamentales de poder y de intereses.
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La ley actual solo contempla candados para algunos cargos, pero deja abierta la puerta para una alta cantidad de mandos similares, altos y medios, lo que aumenta el riesgo de una captura oficial.
La iniciativa retoma otras leyes estatales, por ejemplo, en Nuevo León consideran un candado de 10 años para que un listado de ex funcionarios no puedan participar en el CPC.
Esta propuesta se encuentra a debate. Es importante que la población exprese qué tipo de Sistema Anticorrupción desea. Al final, las diputadas y los diputados serán quienes tomen una decisión en uso de sus atribuciones, sea que la aprueben en sus términos o que la modifiquen. Lo más importante es fortalecer al Sistema Anticorrupción y al CPC a través de la participación de más ciudadanía y academia activa, y menos funcionarios públicos de formación vinculados a las estructuras de poder.
En México se esperaron 40 años para tener un modelo como el Sistema Estatal Anticorrupción, es una oportunidad histórica que se debe aprovechar.
Hacer un análisis crítico del Sistema y proponer soluciones es una valiosa acción colaborativa y, a su consideración, una forma ideal de apoyarlo y hacer que funcione.
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