Culiacán, Sin.- Ana Laura Hernández Meijueiro, representante de Vía Familia AC, se pronunció en contra de la identidad de género, ya que dijo que pone en peligro los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, las becas que eran asignadas a mujeres, ahora se comparten con mujeres trans, lo mismo ocurre en las cuotas para puestos públicos, además de que quien decide cambiar jurídicamente su identidad pudiera esconder un delito que pretenda eludir.
“El promover la idea de que las mujeres trans son mujeres o que los hombres trans son hombres, es decir, que los hombres que se identifican a sí mismos como mujeres son mujeres, e introducir la idea de la Identidad de Género (IG) en las leyes, ha puesto en peligro el derecho de las mujeres a no ser discriminadas por razón de sexo a escala global”, explicó.
Precisó que cuando alguien decide cambiar jurídicamente su identidad, por los motivos que sean, está plenamente justificado un proceso judicial como hoy lo establecen nuestras leyes, por un tema de seguridad.
“Se requiere investigar y realizar un procedimiento para evitar que en ello se esconda la comisión de un delito y que se pretenda eludir la justicia. En acato con el pronunciamiento y recomendación de la Corte, no significa que esta Corte Constitucional considere que la vía judicial resulte, en todos los casos, inadecuada para dar trámite a este tipo de cambios en documentos de identidad, ya que pueden existir procedimientos materialmente jurisdiccionales para el cambio de actas de nacimiento por reasignación sexo-genérica, siempre que cumplan con los principios de expedites, sencillez, privacidad”, indicó.
Ana Laura, una de las voces de Pro Vida, demandó a los legisladores a que estén muy conscientes de todas las implicaciones que tiene cada iniciativa que se aprueba, pues algunas tienen serias implicaciones sociales, económicas, médicas, de derechos humanos y de justicia.
Los persuadió a realizar aún más foros de análisis con otras organizaciones e incluso con transexuales que iniciaron el proceso de detransición con el fin de profundizar en este tema.
“A la Comisión de Igualdad de Género y Familia los exhorto a crear políticas públicas a favor de la familia, que fortalezcan a la familia porque esa es también su tarea, y se están olvidando de esa parte por llevar una agenda que pareciera personal”, dijo.
Precisó que la iniciativa presentada por la ahora diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia Almendra Negrete, por la diputada federal Merary Villegas y otros activistas en 2018, tiene como sustento los principios del documento de Yogyakarta de 2006 cuyo documento no es vinculante para México.
“Son una serie de principios elaborados por 29 personas autodenominadas “expertos”, que nunca fueron discutidos ni adoptados, ni firmados formalmente por los estados miembros de la ONU, por ningún país ni organización internacional. En el caso de México, no los firmó el Ejecutivo ni los ratificó el Senado, por lo tanto, carecen de validez jurídica como tratado internacional y de obligatoriedad para aplicarse en nuestro país”, indicó.
Afirmó que cuando una persona tiene la intención de cambiar su identidad de género legalmente, estamos hablando de una persona que presenta una disociación entre su cuerpo y su mente. Esto es, padecen disforia corporal, su percepción y sentimiento difiere de su genética, de sus cromosomas, de sus hormonas, en concreto de su fisiología y de su biología.
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