Culiacán, Sin.- Después de una sesión maratónica de más de 10 horas este lunes, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad.
La audiencia inicial se celebró en la Sede Regional de Justicia Penal, Acusatoria y Oral Centro, dónde el juez Adán Alberto Salazar Gastélum consideró que se reúnen los requisitos para que al dirigente universitario se le continúe investigando por su probable participación en este delito, por lo que el rector Madueña Molina no podrá salir del país si no recibe previa autorización judicial, esto como una medida cautelar.
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Ante ello, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) dieron a conocer que el 18 de enero, la Auditoría Superior del Estado (ASE) le remitió un oficio al rector Jesús Madueña, donde se le notificaba que realizarían una auditoria de los recursos propios del ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.
Asimismo, el día 26 de enero, el abogado general, Robespierre Lizárraga Otero, mediante oficio le contestó a la ASE que se declaraba asunto concluido el intento de fiscalización, porque carecían de facultades.
Sin embargo, fue el 27 de marzo, cuando de nueva cuenta la ASE envió un oficio al rector para notificarle que el 30 de marzo se llevaría a cabo la auditoría.
Fue el 30 de marzo a las 10:30 horas llegó personal de la ASE a la Rectoría de la UAS, que se ubica en el Campus Buelna en Culiacán, donde fue recibido por Robespierre Lizárraga Otero, mismo que se negó a proporcionar información, documentación y un espacio para iniciar con la fiscalización de los recursos propios.
Es importante destacar que en este órgano autónomo, se reveló que cuentan con 38 facturas donde Gobierno del Estado, a través de transferencia bancaria, otorgó 2 mil 545 millones 213 mil 227 pesos a la UAS en el año 2022.
De acuerdo a la información proporcionada durante el debate verbal en la sesión, este recurso se utilizó para la construcción de la preparatoria de Guasave y de la techumbre de la alberca olímpica, y también se incluyó el préstamo de 100 millones de pesos que hizo el gobierno de Rubén Rocha Moya a la Casa Rosalina para cierre de año.
Finalmente, es importante destacar que al inicio de esta audiencia, el juez dio a conocer que recibió un justificante médico de Alfonso Carlos Ontiveros Salas, defensa de Robespierre Lizárraga Otero, abogado general de la UAS, donde le notificó que sufrió una crisis hipertensiva cardiopatía, por lo que tendría que estar 10 días en reposo, y por esta razón no acudió ante el Poder Judicial, lo cual en respuesta, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió que se formulara imputación a Madueña Molina y a Lizárraga Otero por separado, por lo que el juez dio como nueva fecha para audiencia el 5 de septiembre a las 9:00 horas.
