Culiacán, Sin.- El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), dio a conocer su diagnóstico sobre delitos de alto impacto de a enero del 2021.
De acuerdo a esta evaluación, del 2010 al 2020, los delitos de feminicidio y violencia familiar, han aumentado significativamente.
La violencia familiar tiene una tendencia anual de aumentos sostenidos, de 2010 a 2020 ha incrementado más de 300 por ciento, al inicio de la década el total anual era de poco más de mil, mientras que en 2020 fue de 4 mil 740, expuso.
CESP
De acuerdo con estándares internacionales y nacionales, si un delito sobrepasa una tasa de 25 casos por cada 100 mil habitantes se considera de alta incidencia. "La tasa anual acumulada de violencia familiar en Sinaloa es de 160 casos por cada 100 mil habitantes", destacó, el órgano ciudadano.
Son Ahome, Culiacán y Guasave los municipios que concentran el 82 por ciento de las denuncias por violencia familiar.
Y de estos, Culiacán registra el 40 por ciento del total estatal.
FEMINICIDIO
En el caso de feminicidio, según el CESP, durante 2020 se registraron 33 por ciento menos denuncias que el 2019, sin embargo, gran parte de los hechos ocurridos tanto el año pasado como en el 2021, se cometieron con un alto nivel de violencia hacia las víctimas.
Cuatro de cada 10 feminicidios ocurridos en Sinaloa durante 2020 se cometieron con arma de fuego, mientras que a nivel nacional fueron 2 de cada 10.
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De las cerca de 800 mujeres que han sido asesinadas en Sinaloa de 2010 a la fecha, al menos 70 han sido menores de edad.
Durante el 2020 algunos delitos de alto impacto registraron disminuciones importantes, como el homicidio doloso, robo de vehículo y robo a banco, sin embargo, la violencia familiar no se ha contenido e incluso ya es el delito de mayor incidencia en Sinaloa.
"Estos datos obligan a insistir en la necesidad de contar con políticas públicas efectivas en prevención, con metas evaluables, presupuesto y personal capacitado para ponerlas en marcha, además de una estrategia integral que involucre de manera efectiva a todas las autoridades relacionadas con la protección de las mujeres y del núcleo familiar, desde la prevención hasta la procuración e impartición de justicia", manifestó el CESP.
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