El PAN en el Senado actuará de inmediato mañana y no esperará el vencimiento de plazos constitucionales para objetar la remoción de Santiago Nieto Castillo, como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), advirtió el coordinador Fernando Herrera Ávila. Inclusive, destacó que ya dialogo con otras bancadas de oposición y están de acuerdo.
“Este martes, en la sesión del Pleno del Senado de la República, demandaremos la restitución de nuestras instituciones democráticas; exigiremos el respeto al Estado de Derecho; reclamaremos el esclarecimiento del caso Odebrecht, y requeriremos que el gobierno rinda cuentas ante la sociedad de todas aquellas obras públicas empañadas por presuntas irregularidades”, dijo el panista.
“Existe consenso entre las bancadas opositoras en el Senado de la República para ejercer en la sesión de este martes la facultad que la Constitución le da a esta representación popular, ante una decisión abiertamente autoritaria del Gobierno”, manifestó Herrera Ávila.
Destacó que la Constitución prevé que la remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, lo cual se hará antes, reiteró.
En ese sentido, el vicecoordinador político del PT en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, trazó la ruta que deberá seguir la reincorporación del titular de la Fepade, Santiago Niego Castillo, luego del cese fulminante por parte del encargado de la Procuraduría General de la República. El funcionario tendrá derecho de audiencia, posteriormente la comisión encargada del caso emitirá un dictamen que será presentado ante el Pleno cameral.
Afirmó que es un “hecho de suma gravedad” destituir a un Fiscal independiente y autónomo para imponer a un incondicional del poder, razón por la cual el próximo martes, en la sesión del Senado, se propondrá un punto de acuerdo para que el Senado objete la remoción de Santiago Nieto, coincidió.
Resaltó que la destitución del titular de la Fepade “tuvo como propósito impedir que se investigara a fondo el caso Odebrecht en México, el pago de sobornos a Emilio Lozoya Austin y la posible utilización de recursos producto de dichos sobornos en la campaña de Enrique Peña Nieto, en 2012”, sostuvo.
Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Marko Cortés Mendoza, pidió a los senadores que objeten la remoción. Y el vicepresidente de la Mesa Directiva, el perredista Arturo Santana Alfaro aseguró que la destitución del funcionario “es un acto arbitrario que empieza a enturbiar el proceso electoral de 2018”.
El panista exhortó a senadores a “impedir, en el marco de sus atribuciones, este intento de golpe a la democracia mexicana, ya que el espíritu de la Ley es que el Fiscal permanezca en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2018, precisamente después del proceso electoral”.
“El Senado debe reaccionar y revertir esa decisión arbitraria”, en la que también “vemos una violación constitucional a los derechos de Nieto Castillo”, enfatizó en su oportunidad el perredista Santana Alfaro.
Señaló que es evidente que el Fiscal fue removido del cargo “porque le es incómodo al gobierno federal por las investigaciones relevantes –Odebrecht y Emilio Lozoya Austin- que lleva a cabo”, remató.
Encabeza PRI-PVEM quejas
Durante el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que en ese tiempo tenía como su titular a Santiago Nieto Castillo, abrió 689 carpetas de investigación en contra de militantes de partidos políticos, de las cuales 327, equivalentes a 32%, son de militantes del Partido Revolucionario Institucional.
De acuerdo al documento “La procuración de justicia penal-electoral en México”, en el periodo de tiempo referido, la Fepadeabrió mil 023 expedientes por presuntos delitos electorales, de los cuales 689 tienen en sus indagatorias a alguna persona relacionada con un partido político.
El PRI es el partido más investigado por presuntos delitos electorales con 327 expedientes abiertos, seguido del PAN, PRD y Morena, pero ni entre los tres alcanzan al tricolor, ya que se quedan en 259 expedientes abiertos.
De los partidos más chicos, se detectó que en 30 expedientes están relacionados militantes del Verde, en 11 de Movimiento Ciudadano, en cuatro de Encuentro Social, en otros cuatro simpatizantes de Nueva Alianza y en tres del Partido del Trabajo.
El recuento lo completan los partidos locales con 16 expedientes, los candidatos independientes a quienes se les atribuye 10 posibles delitos electorales y en 25 casos hay involucramiento de varios institutos políticos en el mismo hecho.
La principal causa probable del delito de estos expedientes relacionados con partidos políticos tiene que ver con algún tipo de corrupción, como puede ser el condicionamiento de servicios públicos a favor de un candidato, amenazar a burócratas para participar en algún acto proselitista de cierto partido político o el uso de bienes públicos.
La Fepade tiene abiertos expedientes de presunta corrupción electoral en Chihuahua, donde incluso ya pidió el desafuero de la diputada Karina Velázquez Ramírez, por su presunta participación en la retención ilegal de salarios a favor del PRI en esa entidad.
