Ante los ataques en contra de la alcaldesa Célida López en Hermosillo, Sonora, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga, hizo un llamado a frenar la violencia política de género en contra de las gobernantes, legisladoras, funcionarias y demás mujeres que participan en los espacios públicos de decisión.
La diputada federal se refirió a la violencia política de género perpetrada por periodistas en contra de la alcalde de la capital sonorense, por considerar que no son un caso aislado, y recordó el proceso electoral del año 2015, cuando aparecieron unas mantas con frases machistas, violentas y discriminatorias que aludían a la participación de mujeres en la política; y de igual forma, la que se ejerció en contra de la hoy Senadora Lily Téllez y de la candidata a la Alcaldía de Caborca, Patricia Azcagorta, ambas durante la campaña de 2018.
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“Soy una defensora de las libertades, incluida la de expresión”, sostuvo Wendy Briceño Zuloaga, “Pero la defensa de esa libertad debe ir con un paquete completo de derechos, como el de las mujeres a una vida libre de violencia, incluida la política”.
La legisladora de la fracción de Morena hizo alusión al Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres .
"Señalar la violencia política contra las mujeres no se trata de una percepción personal o de una queja exagerada; existe un protocolo que enumera en qué momento podemos hablar de violencia política, y hay una serie de acciones a emprender para castigar este tipo de violencia. Sin dudas las burlas de las que fue objeto la alcaldesa fue violencia política de género”.
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Según dicho protocolo, en México la violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público.
Aunque la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en San Lázaro aceptó que este delito no está tipificado, “la Constitución sí reconoce el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35; y al tratarse de derechos humanos, también deben respetarse los principios pro persona, el de no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
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