En esta semana diputados y senadores de la coalición Por México Al Frente, además del grupo parlamentario de Morena, presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la solicitud de acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, confirmaron el senador Luis Humberto Fernández Fuentes y Rafael Hernández Soriano; mientras el PRI en San Lázaro, defendió la aprobación y promulgación de dicha Ley, que establece el marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones policiacas federales en sus labores de seguridad pública.
En tanto, la SCJN dio entrada a una controversia constitucional del ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, sobre la Ley de Seguridad Interior.
Entrevistados por separado, el senador Fernández Fuentes dijo que él en lo personal ya firmó el documento que fue consensuado entre el PT y PRD y será en el transcurso de la presente semana cuando la solicitud se presentado ante los ministros.
En tanto, el diputado perredista Rafael Hernández Soriano adelantó que a más tardar el próximo jueves el documento lo presentarán ante la Corte.
Acusó que hay gobernadores, presionados por la Federación, que se oponen a que se presente la solicitud de acción de inconstitucinalidad; sin embargo, pese a ello el documento va firmado por el PRD, PAN, MC y Morena.
A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el priísta Armando Luna Canales declaró que la implementación del Mando Único en México es la solución al momento coyuntural que se vive en el país ante los niveles de inseguridad que se registran en diversas entidades del país.
Afirmó que las tareas y acciones unificadas de las corporaciones policiacas en materia de seguridad, “permiten, no sólo el ataque a los problemas que tienen que ver con delincuencia organizada, sino que estandariza muchos de los procedimientos, los protocolos de contratación y los sueldos de los elementos policíacos”.
El también integrante de las comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, subrayó que una de las discusiones que no se han dado a fondo en el tema del Mando Único, es la relativa a los derechos de los policías, pues “se ha discutido mucho quién los manda, pero no hemos discutido qué derechos tienen”.
Armando Luna Canales defendió la aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior, que establece el marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones policiacas federales en sus labores de seguridad pública.
Reconoció que la paz en ese estado se logró gracias a la presencia del Ejército mexicano, de la Marina y demás cuerpos federales quienes con sus acciones crearon las condiciones necesarias para que las autoridades estatales y municipales pudieran tener la estabilidad y el tiempo para desarrollarse una policía certificada, invertir en capacitación y equipamiento de sus elementos.
Por su parte, el vicecoordinador parlamentario del PRD, Jesús Zambrano, recordó que esta semana vence el plazo para que el Congreso de la Unión las acciones de inconstitucionalidad contra la recién aprobada y decretada Ley de Seguridad Interior.
Destacó que las impugnaciones se presentarán en tiempo y forma; pero también se espera que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) exhiban las acciones para las que están facultados constitucionalmente.
“Esta semana se vence el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior por parte de las cámaras de Diputados y de Senadores. Como PRD, hemos estado trabajando para que el recurso quede afinado y presentarlo ante la Suprema Corte.
“Lo estamos coordinando con los grupos parlamentarios de Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC); pero también hemos estado en contacto con Morena que votó en contra de esa ley en su momento y qué bueno que han decidido sumarse para que vaya con la fuerza suficiente”, expuso.
Zambrano Grijalva recordó que ya el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, presentó una acción al respecto por considerar que viola los principios de distribución de facultades de los distintos gobiernos; pero siguen pendientes los recursos que el INAI y la CNDH anunciaron públicamente que emprenderían: “Deseamos que se haga realidad y que también presenten las acciones correspondientes porque están facultados para realizarlas de acuerdo con la Constitución, y -desde luego- esperamos que la Suprema Corte haga eco de estos razonamientos”, comentó.
